Una joven muere sin poder ver a su padre. Un niño fallece electrocutado en una plaza municipal. Personas que no sobrevivieron a una detención en sede policial. Un jovencito asesinado por no detener su auto en un control. Un joven de 19 años, sin título, a cargo de la comisión Covid-19 en Río Cuarto, acusado de homicidio. Un escape de gas en el Mercado Sur. Autos que se hunden en calles recién reparadas. Niñas vulnerables abusadas en organismos provinciales. Bebés sanos que mueren en un hospital provincial. Esto es Córdoba. En los últimos dos años.
Sin duda el caso de lo acontecido en el Neonatal golpea y abre una perspectiva que nos interpela.
Sólo hay preguntas. Y la fundamental es: ¿quién resulta responsable de un mal actuar o de no hacer lo debido en Córdoba, que hace posible que estos hechos y muchos más ocurran?
La respuesta es sencilla: los funcionarios, conforme la escala jerárquica que finaliza en el titular de los poderes ejecutivos municipal y provincial.
Las inexplicables muertes de niños en el Neonatal de la Provincia tiene que ser un antes y un después, no sólo para los cordobeses.
En primer lugar, ninguna de estas tragedias debió haber ocurrido. La gravedad de cada una es de tal entidad que deja al descubierto el modo en que las administraciones, tanto de la Provincia, como de la Municipalidad, desarrollan sus actividades.
Por las muertes del Neonatal, interviene la fiscalía correspondiente de la Provincia de Córdoba. El Poder Ejecutivo ha expresado que está a disposición de la Justicia, que los hechos deben ser esclarecidos y brindará su apoyo.
Estas expresiones fueron en agosto, en una tardía reunión con los familiares. Pero además está legalmente obligado a responder al requerimiento judicial.
Estas tragedias evitables evidencian que el servicio a los administrados es deficiente, malo o no existe.
No hay transparencia, desde el momento en que se están repasando los fallecimientos acaecidos con anterioridad a junio.
¿Dónde estaba el registro estadístico por las muertes? Ante el supuesto primer fallecimiento, ¿qué actitud tuvieron las autoridades del hospital y los funcionarios de mayor jerarquía?
¿Existe un protocolo en el área de Salud para proceder ante una muerte dudosa, que rija en todos los establecimientos de atención de pacientes? ¿Se cumplió? ¿Se ordenó al personal del Neonatal que por el sumario administrativo debía guardar el secreto?
¿Qué se hizo con los recursos presupuestarios asignados a tal fin?
En este punto se debe reflexionar sobre cómo sucedió esta catarata de tragedias en dos años. Esto no es casual: es causal.
Y acá se inicia el examen de la responsabilidad de los funcionarios para designar personal, entre otras obligaciones. Ello implica que acrediten su profesión y su capacidad a través de un proceso de selección, certificado de buena conducta, certificados de apto psicofísico, verificación de la actividad, cumplimiento ajustado de protocolos –si los hubiere– y contralor permanente y riguroso, entre otros.
Los mecanismos de control en la órbita del Poder Ejecutivo deben reflejarse conforme lo establece la normativa; ser simples y accesibles a los ciudadanos para conocer la actuación de quienes gobiernan.
Todo lo enunciado ocurrió por el comportamiento de los funcionarios estatales. Las calificaciones de esas conductas las hará la Justicia.
Quizá haya que decir: menos inaugurar caminos y colocar macetas. Y ocuparse de la vida.
* Docente universitaria
