En las últimas semanas, el tema previsional ha vuelto a ganar espacio en el debate público argentino. El cierre de la moratoria previsional, las marchas y las demandas de distintos sectores, y la siempre presente presión fiscal han logrado que la sociedad le preste más atención al tema.
La idea de transformar profundamente este sistema, que hoy cubre a más del 90% de las personas mayores, pero arrastra inequidades y déficits estructurales, suena atractiva, aunque es políticamente difícil. Por eso, es habitual que aparezcan propuestas que ofrecen parches que, en lugar de resolver los problemas de fondo, sólo los postergan y generan otros adicionales.
El sistema previsional argentino tiene virtudes importantes (como su amplia cobertura), pero también problemas serios, como la exclusión de cerca del 75% de la población que no alcanzará a cumplir el requisito de 30 años de aportes; la proliferación de regímenes de excepción (con más de 200 esquemas por fuera del régimen general, con menos requisitos y más generosos que este) y las reglas anticuadas o mal definidas, como en el caso de las pensiones por fallecimiento o invalidez. Todo ello lleva a que el sistema sea caro, injusto e ineficiente.
Las soluciones no son particularmente complejas, pero requieren decisión política para formularlas e implementarlas. Desde Cippec, hemos trabajado para desarrollar una propuesta de reforma integral que simplifique y unifique reglas para hacerlas más equitativas y sostenibles.
Acciones posibles
La reforma debería, por ejemplo, eliminar el requisito de 30 años y asegurar acceso universal con haberes proporcionales a los aportes realizados a lo largo de la vida laboral, con incentivos a aportar más y por más tiempo. Con las reglas actuales, quienes hicieron aportes, pero estos no alcanzan a 30 años, son tratados como si nunca hubiesen aportado nada, lo que es injusto; pero, además, crea incentivos a la informalidad y a los parches, como las moratorias.
También necesitamos ordenar los esquemas de pensiones por fallecimiento, que hoy pagan beneficios vitalicios a personas jóvenes en condiciones de trabajar y duplican beneficios entre personas mayores. Por su lado, las irregularidades y la falta de transparencia en las pensiones no contributivas por invalidez son conocidas.
El problema no es que les demos protección a personas que, sin tener un empleo formal, sufren un evento invalidante; el problema es que no hay un procedimiento confiable para otorgarlas. Por eso, entendemos que este tipo de beneficios deberían procesarse de la misma forma que los beneficios contributivos, con comisiones médicas especializadas, un sistema de apelaciones, y reglas claras y públicas.
Por último, necesitamos integrar la mayoría de los esquemas de excepción en el régimen general. Las excepciones en el sistema previsional son muy poco excepcionales, ya que explican cerca del 50% del gasto total en el sector a nivel nacional. Tenemos regímenes diferenciales, especiales, provinciales, de retiros y no contributivos.
En algunos casos, las excepciones pueden haberse originado en condiciones laborales particulares en determinadas actividades o industrias, pero estas condiciones no necesariamente afectan a todos los trabajadores incluidos en estos esquemas ni se mantienen en el tiempo, por lo que deben ser reevaluadas considerando el rol de otros mecanismos, para proteger adecuadamente a los trabajadores que realmente sufren las consecuencias de trabajos insalubres o de alto riesgo.
En otros casos, las excepciones se justifican por mérito de los beneficiarios (como el caso de los regímenes especiales para docentes, magistrados o diplomáticos); en otros, las habilidades laborales son muy específicas del sector (como los retiros militares), y en otros, la legislación lo permite (como los regímenes provinciales).
Hacia un sistema más justo
Implementar estas reformas en forma integral resultaría en un sistema más justo y sostenible, con mejores condiciones jubilatorias para el 80% de la población y, al mismo tiempo, ahorros fiscales.
Por supuesto, las reformas deben enfocarse en el futuro: los derechos adquiridos de quienes se jubilaron en el pasado de acuerdo con las normas legales vigentes no pueden ni deben ser afectados, pero los nuevos beneficios tienen que ser otorgados en un marco más racional, en el que se dé prioridad a la protección de las personas mayores y a la sostenibilidad del sistema, y no a los intereses particulares de grupos de interés.
No es fácil proponer una discusión sobre reformas en el principal programa de política pública del país y en el contexto de una campaña electoral, porque la tentación de convertir el tema en fuente de eslóganes y chicanas políticas es muy fuerte. El desafío es claro, pero la importancia de avanzar en este proceso es enorme. ¿Será posible?
* Investigador principal de Cippec
