La discusión sobre reforma laboral en la Argentina ha sido, durante décadas, una trampa intelectual.
Cada vez que nuestro país deja de estructurar un proyecto productivo que permita crecimiento, comienzan las dificultades, los vaivenes financieros y surge la receta de siempre: reducir derechos laborales, ajustar salarios, devaluar la moneda y abrir de modo indiscriminado la economía.
Se pretende imponer la idea de que la mano de obra argentina es cara, que los sindicatos son un problema y que la única salida posible es resignar producción local en nombre de una supuesta modernización económica.
Esa visión es falsa y profundamente regresiva: no existe país en el mundo desarrollado que haya crecido sobre la base del empobrecimiento de su pueblo.
Como sostiene Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: “Las economías que basan su competitividad en salarios bajos quedan atrapadas en la pobreza”.
Los países que progresan son aquellos que producen con inteligencia, tecnología y organización social, no aquellos que destruyen su capacidad productiva con ajustes salvajes.
Es falaz pretender, como plantea el gobierno de Javier Milei, que una reactivación productiva capaz de generar empleo surja de una reforma laboral de carácter precarizador.
El esquema económico de especulación y timba financiera distrae todo presupuesto para la producción; a ello le suman otra falacia: el alto costo laboral es producto del ausentismo de los trabajadores, de la cuota sindical y de la cuota de las cámaras empresariales.
Pero nada se dice del verdadero costo: del 52% que el Estado les saca a la empresas (carga impositiva) y a los trabajadores (Impuesto a las Ganancias), la parte del león tira por tierra los costos de una producción competitivamente con salarios dignos.
Esta visión es sólo funcional al sector financiero, que ignora dos hechos fundamentales.
Primero, el salario no es un costo, sino la base de la demanda interna. Cuando los salarios caen, no mejora la economía, se desploma el mercado interno, se destruye el consumo y, con él, la producción nacional.
Lo explica John Maynard Keynes en su Teoría general del empleo, el interés y el dinero: “No hay inversión privada sin expectativas de demanda. No hay crecimiento sin capacidad de compra de los trabajadores”. Sin salario digno, no hay inversión posible, sólo especulación.
Segundo, los derechos laborales no frenan la producción; al contrario, la ordenan y le dan previsibilidad. Lo que genera atraso no son las leyes laborales, sino la baja productividad, la falta de inversión en tecnología y la carga impositiva asfixiante a las empresas.
Una reforma laboral sólo es admisible si llega con la creación de un nuevo derecho... no con la eliminación de los existentes. Una modernización laboral es admisible si incorpora la inteligencia artificial bajo un criterio de equilibrio tecnológico y social.
Crear un nuevo derecho en momentos de exacerbación de un anarcocapitalismo es difícil, sobre todo cuando están planteando lo contrario.
Pero resulta socialmente lógico y económicamente ganancial para ambos sectores (capital y trabajo) sumar y no restar derechos.
La modernización debe ponderar un sistema que les permita a los trabajadores que renuncian o se jubilan poder cuantificar sus años trabajados.
Pero entendiendo que las pymes no soportarían ese peso, deberán previsionar fondos de cese laboral por fuera de los patrimonios de sus empresas.
Así, cuando la empresa pone en funcionamiento el cese laboral, el riesgo por el pago de eventuales indemnizaciones desaparece ante los nuevos trabajadores y congela la antigüedad de los antiguos, que hasta su jubilación o renuncia coexistirán entre los dos sistemas. Estaríamos licuando sus pasivos contingentes y nosotros, trabajadores, constituyendo un nuevo derecho: el de indemnización por renuncia, una acción de equilibrio social. Un ganar–ganar.
El mito del ajuste
Tras la Gran Depresión de 1929, Keynes demostró que el capitalismo totalmente desregulado tiende a la inestabilidad y al estancamiento.
Su propuesta fue clara: el Estado debe intervenir para sostener la demanda, estimular la inversión y proteger el empleo.
Ese enfoque inspiró el New Deal de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos, donde la obra pública y la inversión en infraestructura se convirtieron en motores de empleo, crecimiento y cohesión social.
Ese modelo fue retomado tras la Segunda Guerra Mundial en Alemania, con la economía social de mercado, liderada por Ludwig Erhard y Walter Eucken, que combinó mercado competitivo, planificación estratégica, justicia social y negociación colectiva fuerte.
No hubo “mano invisible” construyendo desarrollo: hubo conducción estratégica del Estado acompañando al sector privado para crecer.
El sindicalismo del futuro
La tecnología no elimina trabajo: lo transforma. Lo que desaparece no es el trabajo humano, sino ciertas tareas. El desafío no es resistir a la tecnología, sino conducirla desde un proyecto humano, poniendo dentro del mercado laboral los nuevos empleos que también llegan con ella.
Hoy el sindicalismo tiene una oportunidad histórica: dejar de ser sólo un actor defensivo y convertirse en motor del desarrollo productivo nacional. No alcanza con resistir despidos: hay que involucrarse en la creación del nuevo empleo. No alcanza con discutir salarios: hay que participar en la organización de la producción y la formación a través de la capacitación continua y la reconversión laboral. La salida no es flexibilizar: la salida es capacitar y reconvertir.
La Argentina no necesita una reforma laboral para despedir más fácil, sino una modernización que garantice derechos nuevos, certezas nuevas y un equilibrio real entre capital y trabajo. Y la creación de un nuevo derecho como la indemnización por renuncia es el camino; lo demás es ruido ideológico.
*Secretario general de la Unión de Empleados de la Construcción y los Peajes del Interior
