Cambian los contextos, la gravedad y el tenor de los hechos y las acusaciones, pero el Poder Judicial de Córdoba mantiene incólume su estructura lógica para resolver cada caso que roza de lleno o tangencialmente al poder: se investiga hasta cierto nivel luego de hacer un quirúrgico corte en la línea para dejar a salvo a quienes mayores responsabilidades o cargos puedan tener.
Y cuando no hay niveles bajos de responsabilidades o cargos, el transitado camino del archivo.
Pasan los años y la lógica se mantiene. Esta semana quedó una vez más al descubierto, con la condena al falso médico que tenía el COE Río Cuarto durante la pandemia.
Ignacio Martín recibió una condena dura (siete años), si se analizan los delitos que se le probaron, relacionados con la falsificación de su condición de médico, pero muy baja si se tiene en cuenta que lo habían acusado de homicidio, porque fallecieron dos pacientes que atendió.
A la Justicia le llevó casi dos años probar los hechos que derivaron en la condena, que aún no está firme.
Pero sólo se tomó unas pocas semanas para archivar la causa que debía haber sido la central: quién nombró en un cargo en el COE, en plena pandemia de Covid, a un muchacho que ni había pasado por el frente de una Facultad de Medicina. Y que era apenas un adolescente.
El fiscal Daniel Miralles archivó en menos de dos meses la causa en la que se apuntaba a la responsabilidad de las entonces autoridades del COE y del Ministerio de Salud en que Martín fue designado.
Había pruebas bastante claras de que el joven no había llegado por voluntad propia para infiltrarse en el Comando de Operaciones Especiales que actuaba para frenar el avance del Covid-19, sino que formaba parte de un equipo que llegó desde la ciudad de Córdoba al sur provincial.
Diego Almada, entonces número 2 del COE, aparece en un video oficial presentando públicamente a Martín a las autoridades de Salud y de la Municipalidad de Río Cuarto.
En el juicio, Martín y su abogado reiteraron varias veces que lo pusieron en la función a sabiendas de que no era médico. Citaron como los responsables a Almada y al entonces secretario de Salud de la Provincia, Pablo Carvajal. Este fue último apartado de su carga tiempo después y es uno de los imputados en la compleja causa por la muerte de bebés en el Neonatal.
La Cámara del Crimen de Río Cuarto resolvió remitir a la fiscalía la acusación sobre los responsables políticos de la designación, para ver si hay posibilidades de instruir otra vez esa causa, rápidamente cerrada en su momento.
Hasta aquí, cortaron el hilo por lo extremadamente más delgado y dejaron las partes más gruesas a salvo.
Misma lógica
Si se repiten otros casos cordobeses en pandemia, se repite la lógica.
El caso que se abrió a partir de la negativa de dejar ingresar a Córdoba a Pablo Musse para que este se despidiera de su hija Solange moribunda sólo tiene como imputadas a cuatro personas de la cadena más baja de responsabilidades (dos médicos, un asistente social y la policía).
Y así y todo, hace más de tres años que deambula por Tribunales como si se estuviese investigando un crimen de altísima complejidad.
En el sonado caso de Blas Correa, hubo durísimas condenas para los autores de los disparos contra el auto en el que iba el joven. La Cámara Octava del Crimen pidió además investigar diversas cuestiones que involucran a los entonces responsables del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial.
Han pasado casi seis meses y no hay novedad alguna sobre esas responsabilidades ligadas a lo que la propia Justicia denominó violencia institucional.
