Sucede de vez en cuando. El descontrol que se cree controlado se descontrola. Lo que no debía pasar, ocurre. Queda de manifiesto. Y expone una situación que está ahí, desde hace años, pero que se elige no ver.
La impunidad es una vieja traidora: a la larga, su vicio de transgredir reglas y leyes y de perpetrar abusos se exhibe de la peor manera. Todo queda expuesto, emanando un olor hediondo. La fragancia de los últimos días en Córdoba fue “mafia sindical con aires de muerte y brisas carcelarias con notas de 4G”.
El asesinato de Gabriela Pérez (24) en un acto/almuerzo del gremio de la Limpieza (Soelsac) al que debió asistir para no perder su trabajo de poco más de 100 mil pesos mensuales es un punto de inflexión para la violencia gremial de la provincia.
La acciones de tinte mafioso que se ejecutan en algunos sindicatos de Córdoba, en especial en aquellos vinculados al rubro de los servicios con fuerte dependencia del Estado (Gabriela era empleada contratada de una empresa que presta servicios en el Palacio 6 de Julio), dio un peligroso nuevo paso: la violencia al amparo del poder político tomó forma de muerte.
Sergio Fittipaldi, al frente del gremio de la Limpieza, es un viejo conocido para el sistema político provincial. Tanto que en las recientes elecciones provinciales ocupó el puesto 31 en la lista sábana del peronismo que lideró Martín Llaryora. Si no fuera por el buen desempeño de Luis Juez en el interior, Fittipaldi sancionaría leyes en la Unicameral desde el 10 de diciembre. No está del todo descartado que pueda hacerlo en un futuro.
El sindicalista llegó a ese lugar de la nómina legislativa como parte del acuerdo que el PJ hace con gremios afines en cada elección. En este caso, el nexo político es con el sector del peronismo que conduce la senadora Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.
Fittipaldi intenta resistir la ambición de poder de otro apellido pesado en el sindicalismo político de Córdoba: los Saillén, constructores del todopoderoso gremio de los recolectores (Surrbac), cuyo exponencial crecimiento se produjo durante las gestiones del radical Ramón Mestre hijo en la Capital.
Franco Saillén, exlegislador de cuando el accastellismo era K, e hijo de Mauricio, el judicialmente multiprocesado líder del Surrbac, está decidido a quedarse con el control de los más de 20 mil afiliados del Soelsac. Busca replicar allí el modelo de gestión gremial al que la Justicia federal procesó por lavado de dinero a través de una asociación ilícita que defraudaba y hacía negocios usurarios con sus propios representados, para enriquecerse de manera particular.
Fittipaldi y los Saillén son hijos de la política de Córdoba. “Hay una matriz moyanista en esos dos gremios, donde la extorsión y los actos mafiosos son regla para lograr sus objetivos”, caracterizó una fuente oficial del Panal atenta al devenir de la causa.
El crimen de Gabriela sigue impune. Los investigadores tienen pistas, pero aún no han podido dar con el sicario que disparó 10 veces en contra de la fachada del club Yapeyú. Uno de esos disparos mató a la joven madre.
En las últimas horas, un funcionario provincial habló en privado de la posibilidad de un “autoatentado”, una de las tantas hipótesis que forman parte de la investigación. Nada está descartado. Desde ese mismo ámbito, también se menciona con fuerza la probabilidad concreta de que el asesino sea parte de la Fiel, la facción más violenta de la barra de Talleres. Tanto en el Soelsac como en el Surrbac hay elementos de esa hinchada en roles protagónicos.
La tensión entre los dos gremios promete continuidad en los próximos días. Para este jueves, fue reprogramada la asamblea que se suspendió el jueves a instancias del Ministerio de Trabajo nacional por no haberse cumplido unos plazos formales.
Esa reunión es clave porque allí quedará conformada la Junta Electoral, máxima autoridad electoral que, entre otras atribuciones, tiene la facultad de bajar listas de los comicios. La primera batalla de la guerra entre Fittipaldi y los Saillén se librará este jueves en la sede del Club Argentino Peñarol, la institución de barrio Argüello que es controlada por el Soelsac. Casi como anticipo de lo que podría ser otro desmadre violento, Saillén reclamó en las últimas horas la suspensión de esa reunión.
Hay preocupación extrema en el gobierno provincial para ese día. Todo está por suceder.
Otro caldo espeso
En medio de la campaña presidencial, las altas esferas del poder en Córdoba intentan contener el escándalo que irrumpió en los últimos días con los desbordes delictivos que quedaron expuestos por las detenciones de altos funcionarios del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
El primer terremoto se inició hace unos días, tras la detención de Sergio Guzmán, segunda máxima autoridad del penal de Bouwer, la principal cárcel de la provincia. El ahora exfuncionario está denunciado por fraguar legajos de internos a cambio de dinero. Pesan sobre él, además, las evidentes fallas en el sistema de control de acceso de celulares, drogas y cualquier mercancía que pueda representar un negocio en ese penal. El escándalo se potenció a finales de la semana cuando se conoció una réplica delictiva, y aún más escandalosa que la de Bouwer, y que terminó con la aprehensión de la cúpula del SPC de la cárcel de Villa María.
En un pabellón de ese establecimiento para reclusos habían montado un call center tumbero desde donde se cometían delitos virtuales de toda especie y magnitud. En los allanamientos que ordenó el fiscal provincial de Delitos Complejos, Enrique Gavier, especialista en este tipo de crímenes, se encontraron siete millones de pesos que serían fruto de esos ilícitos. La pesquisa tiene elementos para sostener que las autoridades ahora detenidas eran parte de las ganancias de las estafas intramuros.
La población carcelaria de Córdoba se duplicó en los últimos 15 años. En las ocho cárceles provinciales más la UCA capitalina, hay unos 12 mil internos. En privado, las autoridades provinciales reconocen que el sistema está “desbordado”.
Nadie que husmee un poquito en el universo carcelario cordobés puede desconocer la existencia de tarifarios. Ingresar un celular a las cárceles, por ejemplo, arranca en los $ 200 mil, algo menos que el salario de un guardiacárcel provincial.
Pese a las dimensiones de los hechos, Juan Bouvier, jefe del SPC desde 2007, seguirá por ahora en el cargo. El gobernador electo Martín Llaryora pondrá “todo” en revisión desde el 10 de diciembre.
La podredumbre es evidente: limpieza y basura nunca se llevaron bien.
