Vista como una de las posibles soluciones a la falta de empleo, la reforma laboral está desde hace tiempo en la agenda pública. Las leyes vigentes fueron concebidas en el siglo pasado. Convenios colectivos y luchas gremiales ganadas en los años 1970, 50 años atrás, tiempos en que todavía estaba el concepto de industrialización y de sustitución de importaciones, mientras en las cocheras del Silicon Valley se gestaba la revolución 4.0.
Ocurrieron grandes transformaciones del sistema laboral: automatización virtual y robótica; trabajo desde casa (home office); más participación laboral de la mujer con roles ejecutivos; el aumento de las horas de ocio, etcétera.
Mientras el mundo se adaptaba a estos cambios, Argentina aumentaba su rigidez en cuanto a las leyes laborales e incrementaba los costos en contribuciones y en aportes respecto de otros países, hasta llegar a tener los más altos de la región (72%, 2017). El atraso tecnológico llevó a que la productividad relativa bajara un 45% respecto del mundo y disminuyera así la competitividad de los sectores productivos.
En este siglo, hemos experimentado dos ciclos: en la primera década, un recupero del empleo, que se había desplomado a finales de los años 1990; en la segunda década, estancamiento y declive de nuevas fuentes de trabajo, con una migración hacia la informalidad y hacia el empleo público.
Las causas son múltiples, derivadas de políticas macro y micro: aumento del gasto público orientado a combatir la desigualdad sin un equilibrio entre crecimiento y cobertura social; altos costos laborales; falta de inversión en nuevas tecnologías, y rigidez en el sistema laboral.
Para dimensionar lo ocurrido en estos 34 años, Gervasio Arakaki (2023) analiza los ingresos de las personas. Allí se observa que, en las últimas tres décadas, en la comparación entre sectores, hubo un deterioro del 30% en los ingresos de los dueños de empresas y cuentapropistas, y un aumento del 6% en los asalariados, mientras el ingreso en el sector público tuvo un aumento del 20%.
Conclusión: hubo una disminución de emprendedores/profesionales del sector privado, que se trasladaron al sector público, con mejores salarios y seguro de estabilidad.
La inclusión de la reforma laboral en la “ley bases” es fundamental para resolver problemas actuales y actualizar las leyes a los requerimientos del mercado, con el fin de ampliar la base de aportantes al sistema de seguridad social y aumentar la productividad relativa del sector privado. En ese sentido, los puntos por discutir son los siguientes:
- Eliminar las distorsiones provocadas por la industria del juicio laboral.
- Flexibilizar el mercado del trabajo y simplificar el registro.
- Regionalizar paritarias.
- Bajar el costo laboral.
El punto uno nos lleva a la discusión de las multas con indemnizaciones agravadas, causa principal del aumento de la litigiosidad.
El DNU 70-2023 elimina las contenidas en la ley 24.013 y deroga la ley 25.323, pero al estar el decreto judicializado, es sumamente importante que el Congreso avance en la sanción de esos cambios por ley.
Algunos defensores de las multas aducen que si se eliminan del todo, el empleador no tendrá incentivos para registrar al empleado. En ese sentido, se debe recordar que existen las leyes 11.683 y 25.877, las que a través de la Afip y del Ministerio de Trabajo prevén las sanciones pertinentes.
Hay que desterrar el preconcepto de la alta rotación; son tiempos en que el recurso humano es escaso y con alta movilidad, y las empresas no se pueden dar el lujo de desprenderse de personal formado y capaz.
Respecto de la flexibilización del mercado de trabajo, hay proyectos que plantean agregar estas herramientas: una baja de costo para la contratación de los primeros cinco empleados; aumento del período de prueba; fondo de cese laboral, y menos carga burocrática para la registración del empleo.
Ya lo dice Leonardo Gasparini: “...cuanto mayor es la inflexibilidad del mercado, menor su capacidad para ajustarse a shocks negativos… Y, por lo tanto, mayor la tasa de desempleo que prevalece, lo que afecta la distribución del ingreso”.
Algo que no está en agenda es el perjuicio que ha provocado en las economías regionales una política centralizada y no federal respecto de la paritaria salarial. Un sueldo básico en Capital Federal no debe ser igual al de San Miguel de Tucumán, por dos razones fundamentales: el costo de vida y los costos de transporte son distintos, por lo cual la competitividad por salario se pierde y persiste la desventaja por distancia.
Por último, la necesidad de ser competitivos por lo menos a nivel regional. El costo total laboral (contribuciones más indemnizaciones y más vacaciones) de Chile, México y Paraguay ronda el 43%; en Uruguay, el 63%; en Argentina, el 72% (BID, 2017).
Por supuesto que estas políticas deben ser acompañadas en paralelo por otras orientadas al desarrollo productivo, con un modelo económico macro/micro sostenible y una visión a largo plazo, que redunde en el aumento del producto interno bruto per capita y, por ende, en el bienestar de las personas.
En víspera del debate sobre la “ley bases” y del “pacto de mayo”, está la oportunidad de sancionar leyes que brinden confianza al inversor y previsibilidad al empleado.
* Diputado nacional (UCR)
