Las recientes elecciones en Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco y San Luis revelan que se ha consolidado en Argentina el fenómeno de la territorialización o desnacionalización del sistema político.
Esta particularidad, cada vez más estudiada en los últimos años dentro de los círculos académicos, implica que los patrones de competencia electoral adquieren componentes provinciales o locales cada vez más predominantes, claramente diferenciados de la dinámica política a nivel nacional.
En otros términos: cada subsistema del sistema de partidos federalizado está configurado con dinámicas competitivas propias, si bien se mantienen vasos comunicantes estratégicos con la política nacional.
El último cuarto de siglo ha sido testigo, sin dudas, de mutaciones que modifican los parámetros de análisis.
Cuando el país recuperó definitivamente la senda democrática en 1983, en casi todas las provincias había dos competidores centrales que disputaban el poder de la misma manera que a nivel nacional: el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.
Pautas provinciales
Cuatro décadas después, el mapa político argentino muestra un mosaico de provincias en las que esos partidos desarrollan lógicas que, en determinadas instancias, no responden a pautas coordinadas con el nivel nacional, hasta el punto de constituir coaliciones con denominaciones y actores que no son por completo congruentes con las coaliciones articuladas por la conducción central de esas organizaciones partidarias. Basta sólo remitirse al caso de Córdoba para entender este señalamiento.
A tono con el grado de autonomía del que gozan las provincias en un régimen federal, los partidos políticos, por obra de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 23.298, también pueden ajustarse a las reglas de juego institucionales de cada distrito.
Eso explica por qué la fisonomía, las alianzas y las estrategias de las organizaciones partidarias a nivel subnacional adquieren características muy heterogéneas entre cada provincia y respecto del escenario nacional, priorizando las exigencias de las disputas por el poder distrital.
En ese marco, analizar el tablero político argentino no es una tarea sencilla. La fluidez de las etiquetas partidarias en una estructura de competencia multinivel; la fuerte polarización que se evidencia a nivel nacional en contraste con la dinámica menos sometida a clivajes ideológicos en cada provincia y, por último, las “alianzas cruzadas”, es decir, la marcada incongruencia de las coaliciones en los distintos distritos y entre estos en relación con la estrategia partidaria nacional, son una marca registrada de la nueva política argentina.
Proceso de territorialización
Ya en 2011, en un libro compilado por el politólogo y exfuncionario Juan Manuel Abal Medina, bajo el título La política partidaria. ¿Hacia la desnacionalización del sistema de partidos?, se hace foco en dos variables que explican en buena medida el proceso de territorialización: las particularidades distintivas de los sistemas electorales provinciales respecto del sistema electoral nacional y la incidencia de la descentralización administrativa y fiscal sobre la política partidaria.
No se puede obviar que la heterogeneidad de los escenarios políticos provinciales tiene un fuerte vínculo con el variopinto abanico de reglas electorales locales que interactúan con las reglas de la competencia por cargos públicos nacionales.
La segunda variable ofrece un dato muy interesante: la distribución de potestades y recursos del Gobierno nacional hacia las provincias a partir de las décadas de 1980 y 1990 tendió a transferir un poder político muy significativo a los gobernadores, que pasaron a convertirse en actores políticos claves para la administración de recursos públicos y para la articulación de estrategias políticas en relación con su entorno inmediato y respecto de la política nacional.
Los dirigentes que manejan el poder en cada distrito provincial se hacen fuertes en su territorio (su zona de confort), desde donde tratan de negociar con el gobierno nacional los recursos necesarios para consolidar su dominio en el plano local. Poco importa, en ese juego de toma y daca, el posicionamiento asumido por las estructuras nacionales de sus partidos.
En defensa propia
El descentramiento de la política argentina, por otra parte, ha llevado a líderes que dominan desde hace décadas el debate público nacional a dilapidar su energía en salvar lo que les queda de bastiones con importante peso electoral.
Así transcurren, por ejemplo, los días de Mauricio Macri y de Cristina Fernández, sumergidos en los dilemas políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del populoso distrito provincial bonaerense, respectivamente.
La discusión por un proyecto nacional de país se limita a apoyos o cuestionamientos hacia la política que ejecuta Javier Milei, pero sin que ambos dirigentes, u otros que podrían disputarle liderazgo, se preocupen en articular una estrategia nacional que dé homogeneidad a sus partidos en el conjunto de disputas territoriales.
En síntesis, partidos tradicionales como el PJ o la UCR han consolidado su naturaleza de colección de partidos provinciales, mientras el PRO y la Libertad Avanza, para citar las cuatro organizaciones que dominan la escena nacional, pelean para no quedar reducidos a la condición de “fenómenos barriales”.
Así las cosas, se entiende por qué es hoy tan difícil señalar quiénes ganaron y quiénes perdieron en las últimas elecciones provinciales, si se las trata de analizar con un prisma nacional.
