La desinformación es un fenómeno global que ha captado el interés de investigadores y reguladores en los últimos años. Desde 2016, esa palabra clave cuenta con más de 24.000 artículos en la base Scopus, ocho veces más que las publicaciones que el tema mereció en todo el siglo previo.
Aunque la mayoría coincide en que los bulos existieron desde siempre, la opinión dominante es que se trata de uno de los grandes problemas de estos tiempos. Desde ese corpus, mayormente producido en Europa, surgen como soluciones mitigatorias tres herramientas: verificación, regulación y alfabetización digital.
Sin embargo, la vulnerabilidad de la información no es la misma en sistemas con garantías institucionales con aquellos que carecen de ellas. Y estas tres propuestas resultan de aplicación muy dispar.
Democracias o autocracias
La desinformación no representa el mismo riesgo en países con democracias consolidadas que en autocracias que no cuentan con garantías jurídicas ni con un sistema de información de calidad.
El 72% de la población mundial vive en algunos de los 88 países que tienen algún grado de autocracia, según el informe V-Dem. Esta relación identifica también a países sin libertad de expresión, que en lo que va del siglo se han triplicado, de acuerdo con ese mismo estudio.
El índice que elabora anualmente The Economist Intelligence Unit recorta a 6,6% los países que viven en una democracia plena para 2024. Las soluciones para la desinformación de las democracias difícilmente resultan trasladables a países que carecen de garantías mínimas para el acceso a la justicia y a la información.
Verificar con datos del verificado
El fact-checking requiere de fuentes confiables, lo que es un problema en contextos en que son las mismas que fraguan la información oficial. Gobiernos autoritarios gustan de instituir medios con apariencia de agencias de noticias como parte del aparato de propaganda estatal.
Las organizaciones verificadoras locales no pueden cumplir los parámetros de contraste que exigen los protocolos internacionales de verificación cuando sólo disponen de información procedente de pseudomedios o de fuentes gubernamentales sin transparencia.
En contextos sin acceso a información pública y con medios coptados las fuentes digitales pueden ser la única vía de compartir información imprescindible para la ciudadanía.
Esto fue patente durante la pandemia de covid-19 en Latinoamérica. Lejos de ser un semillero de “infodemia”, las redes sociales sirvieron como vehículo para que especialistas y matemáticos aportaran información y análisis sobre datos que ocultaba la versión oficial.
Alfabetización
La recomendación de alfabetizar en el uso de medios funciona de forma deficiente en países con poco acceso a la prensa y con altos niveles de desinterés por la información. Los sectores más pobres y con menos educación son más desconfiados de las noticias. Por ello, esos mismos medios difícilmente puedan ser los vehículos de las rectificaciones.
Las limitaciones que excluyen del mundo de la información a vastos sectores también los deja fuera de las encuestas en que se basan una gran parte de los estudios sobre la desinformación. Y, probablemente, también estén fuera de la exposición a las fake news que preocupa a los círculos más informados.
La paradoja es que la mayoría de los esfuerzos contra la desinformación están orientados a los grupos más atentos a la información y, por tanto, menos vulnerables. Y la alfabetización en redes sociales no protege de la desinformación orquestada por los estados, que es la más extendida. Antes de que existieran las plataformas, Ulrich Beck ya advertía en La sociedad del riesgo (1992) que se piden soluciones individuales a contradicciones sistémicas.
Regulación en democracias sin ley
La información y la desinformación tienen impacto desigual. En democracias sólidas, la confianza en las instituciones y el respeto por los derechos humanos son garantía para la libertad de expresión y el acceso a la información. Una prensa independiente desempeña un papel diferente al de los medios bajo presión política y financiera.
Las democracias imperfectas se definen por la debilidad de estos factores y las autocracias, por su ausencia. Hay demasiados casos de regímenes autoritarios que se han escudado en la supuesta amenaza de la desinformación para sancionar leyes que legitiman la persecución y encarcelamiento de la ciudadanía.
El más reciente es el de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, que desataron una oleada represora contra periodistas críticos. El gobierno del país aún mantiene a cientos de personas en prisión o en el exilio, práctica que lleva ocurriendo desde mucho antes. En las autocracias, “la verdad” está definida arbitrariamente por el poder, que señala como fake news cualquier versión discordante con la oficial.
En estos contextos la noción misma de información está devaluada y la desinformación se usa como arma arrojadiza para reforzar la polarización y disolver la prensa de calidad. Urge incluir las variables sociales en la investigación académica para que este fenómeno global comience a entenderse y a dimensionarse desde las peculiaridades locales.
*Investigadora de periodismo e información pública, Universidad Camilo José Cela
* Publicado en The Conversation
