El último dato central de la política argentina, la novedad que ningún firulete verbal puede ocultar, es la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de socavar de manera directa la legitimidad del presidente Alberto Fernández.
Hasta el momento, todas las operaciones de desgaste eran aproximaciones desde los flancos, corrosiones en el gabinete, controversias públicas más o menos indecorosas, sustracciones graduales de poder. Por diferenciación o por abstención.
Cuando se aprobó el acuerdo con el FMI, la vice jugó sinuosa, detrás de los cortinados. El daño al Presidente lo provocaba restándole credibilidad ante el Fondo. Ahora está sembrando un campo minado en el núcleo restante de la legitimidad presidencial: la maltrecha relación residual que aún le queda con la ciudadanía para terminar su mandato.
Dos hechos protagonizados por Cristina reflejan de manera inconfundible ese nuevo objetivo, mucho mejor que su reciente discurso en Chaco, uno de los más insustanciales y dispersos de los que haya pronunciado en los últimos tiempos.
El primero de esos hechos fue la celebración de la paritaria bancaria. Cristina Kirchner elogió los resultados obtenidos por Sergio Palazzo en una negociación cuyo índice de actualización es toda una ratificación del desquicio económico presente y un anticipo sombrío de lo que puede venir. Frente al desborde inflacionario, la vicepresidenta colabora aplaudiendo la espiralización entre salarios y precios.
El segundo hecho fue el anuncio cristinista de una nueva moratoria previsional. Un nuevo jubileo sin aportes para un sistema que ya con los beneficiarios que tiene adentro está desfinanciado de manera irreversible. La vice no propone para que el Presidente apruebe: propone para que, obligado por la escasez, se oponga.
Si bien se mira, hay algo de perversión creativa –seguramente involuntaria– en la simultaneidad de estos dos hechos. La paritaria que ella aplaude es la de un sindicato cuya tarea central casi se ha reducido a gestionar el pase oneroso de letras de liquidez al Estado: las mismas que el Presidente había prometido desviar como reparación histórica hacia el sistema previsional.
La operación de deslegitimación presidencial se nutre de hechos como estos, pero requiere de un dispositivo de discurso que necesita torsionar al límite los términos democráticos para disimular su condición conspirativa. En su discurso de Chaco, Cristina Kirchner intentó montar ese relato.
El núcleo de esa operación discursiva es una justificación del vaciamiento actual al Presidente por la vacuidad política que tenía Alberto Fernández antes de que Cristina Kirchner lo ungiera como candidato.
El 18 de mayo de 2019, refiere la vice, eligió a Fernández por no representar nada. Por lo que tenía de vaciedad política. De modo que a nadie debería sorprenderle lo que ella hizo después: reprocharle cada gesto de insumisión. La vacuidad de entonces, razona Cristina, legitima el vaciamiento de hoy. No es pelea, es debate. No es fragote, es insatisfacción democrática.
El problema es que entre la vacuidad y el vaciamiento operó una variable de primera magnitud que Cristina prefiere obviar: el voto ciudadano expresado dentro de un cauce normativo. La variable que oculta Cristina es nada menos que la clave de bóveda del sistema político. El mismo Alberto Fernández vacío de aquel 18 de mayo es el Presidente con legitimidad plena que asumió el 10 de diciembre posterior. La Constitución establece el orden de prelación y obediencia.
Por momentos Cristina intenta ensayar algún atajo ante esa contradicción. Sugiere que el Frente de Todos se institucionalice con una mesa de conducción, con Alberto en minoría. Ese recurso puede usarlo cualquier coalición política. Pero cuando es oficialismo hay una institucionalidad superior e insoslayable: la que establece la Constitución para ordenar el gobierno. Presidente y vice. La desesperación de Cristina Kirchner es que no puede resolver el “error Fernández” con los mismos métodos del “error Cobos” (que le adjudicaba a su esposo), ni con la indiferencia que usó ante el “error Boudou”.
Incómoda con ese límite fáctico, la vicepresidenta se ha lanzado a la aventura de intentar un nuevo “sentido común”. Cristina reconoce –a tono con el clima de ápoca– la inevitabilidad del capitalismo como sistema económico. Pero admite su combinación con el autoritarismo político. De allí su elogio al régimen chino. Un país, dos sistemas. La doctrina Deng Xiaoping. La clase magistral de la señora Kirchner aportó una novedad de 40 años.
Eso explica la molestia de la vicepresidenta con el éxito de la oposición al instalar el debate de la boleta única de sufragio. La vieja papeleta partidaria es una herramienta que ha sido clave en el país para la perpetuación de los líderes feudales.
De la misma raíz no democrática proviene la insistencia vicepresidencial contra la administración de justicia. Es que Cristina Kirchner no sólo se juega en la deslegitimación de Alberto Fernández la reparación de un error estratégico absolutamente propio. También arriesga algunas vicisitudes relativas a su libertad personal.
Porque es verdad que la democracia actual y la división de poderes son un legado de la Revolución Francesa. Pero el derecho penal del que la vice anda huyendo es romano, más antiguo. Y permanece vigente en todo el mundo civilizado, sin que parezca afligido por la inminente invención de la electricidad.
