En 1968, para celebrar tres siglos de su creación, el Banco de Suecia comenzó a otorgar el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. La distinción es la que hoy es conocido popularmente como el “Nobel de Economía”.
Este año lo recibieron los economistas Howitt y Aghion y el historiador Mokyr por sus trabajos sobre el progreso tecnológico y la destrucción creativa como motores del desarrollo económico sostenido.
El año pasado lo obtuvieron los economistas Acemoglu, Johnson y Robinson por trabajos vinculados a la relación existente entre las instituciones y el desarrollo económico.
En su libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson sostienen que las naciones malogran su crecimiento por la existencia de instituciones políticas y económicas “extractivas”, que concentran el poder y la riqueza en manos de una élite y dificultan el progreso de la mayoría.
Este tipo de instituciones no protegen debidamente la propiedad y la separación de poderes, obstaculizan el desarrollo y la innovación, perpetúan la pobreza y la desigualdad. En la obra referida, impacta el contraste identificado entre las dos Corea: la del Norte y la del Sur.
Si bien ambas comparten geografía, cultura y hasta vínculos familiares, la Corea del Sur devino en ejemplo de desarrollo económico, mientras la del Norte es una dictadura con una población sumida en la pobreza. La diferencia, subrayan los autores, radica en los arreglos institucionales que delinearon el destino de una y otra.
Estos postulados surgidos de las investigaciones realizadas identificaron que las sociedades más desarrolladas tienen base en instituciones fuertes y consolidadas, que aseguran procesos de inversión sostenidos con reglas de juegos claras y estables.
En esa misma línea, la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) han destacado la importancia de crear instituciones capaces de aplicar eficazmente la legislación de defensa de la competencia.
La Unctad, en su ley Tipo, afirma que la fortaleza institucional del organismo de aplicación es condición indispensable para la correcta ejecución del derecho de la competencia.
Por su parte, la Ocde, en su reciente Informe Económico sobre Argentina, recomendó culminar el proceso de selección de las autoridades del organismo que reemplazará al actual y priorizar el fortalecimiento institucional y financiero del mismo. Así, la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) constituirá la concreción de un mandato legal largamente postergado.
La creación de una autoridad autárquica y descentralizada es crucial para dotar al país de una institucionalidad moderna y especializada que asegure mercados competitivos y transparentes. La selección de los integrantes de la ANC se llevó adelante mediante un concurso público de antecedentes y oposición, con postulantes del ámbito público y privado.
El jurado, integrado por el ministro de Economía, el procurador del Tesoro, la Asociación Argentina de Economía Política y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, preseleccionó a los candidatos. La intervención de la Oficina Anticorrupción y la publicación de los nominados dieron la transparencia necesaria al proceso de selección. Finalmente, las designaciones deberán contar con el acuerdo del Senado de la Nación. Hasta que ello ocurra, el PE podrá realizar designaciones en comisión.
Una oportunidad relevante
La ANC será un organismo con independencia funcional y financiera cuyo diseño institucional, inspirado en las mejores prácticas internacionales, representa una oportunidad relevante para fortalecer la confianza y la previsibilidad de los agentes económicos.
La ANC deberá promover la competencia en todos los sectores, que importará menores precios, más opciones, mayor calidad de productos y servicios y alentará la innovación.
Sus objetivos prioritarios debieran ser: la sanción oportuna de conductas anticompetitivas y la agilización de los procesos de control de concentraciones económicas que eviten la conformación de posiciones dominantes, promoviendo y garantizando la transparencia de los negocios y las inversiones, tan necesarias para nuestro crecimiento. Un organismo que actúe con celeridad y rigor técnico dará la seguridad jurídica necesaria para un desarrollo económico y productivo sostenible.
Sus principales retos, entre otros, serán: la federalización efectiva en la aplicación de la ley, un adecuado desarrollo analítico de los mercados digitales, la cooperación con organismos reguladores sectoriales, la instrumentación del análisis ex ante de las concentraciones, la mejora en la detección y persecución de carteles (en especial, aquellos vinculados a las licitaciones públicas) y consolidar el programa de clemencia.
La creación de la ANC no constituye una mera formalidad administrativa, sino un paso esencial para asegurar el funcionamiento eficiente de la economía y los mercados. Como se dijo, su previsibilidad y estabilidad serán factores decisivos para atraer inversiones que promuevan la innovación y generar empleo de calidad, pilares de un crecimiento sostenido y equitativo.
Ha comenzado un camino institucional inexcusablemente demorado. Como nos recuerda un antiguo proverbio chino, “el camino más largo siempre comienza con el primer paso”.
Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
