El Gobierno nacional respondió a un fallo de la Corte Suprema de Justicia con un discurso ampuloso, imprudente y zigzagueante. Lo contrario de lo que corresponde no sólo entre dos poderes del Estado sino también en el más estricto y técnico ambiente jurídico.
La Corte, por unanimidad, resolvió a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una medida cautelar por el recorte del porcentaje de la coparticipación que el Gobierno de Alberto Fernández ejecutó por decreto en 2020 y luego se convirtió en ley. No falló sobre la cuestión de fondo, pero, al admitir la verosimilitud del reclamo, suspendió la aplicación de la ley y ordenó al Gobierno nacional que provisoriamente aumente el porcentaje que le entrega a la Ciudad.
El argumento clave es que la Nación no puede imponer de manera arbitraria a las provincias el monto que les corresponde de la coparticipación. La asignación debe surgir por consenso, y esto no fue lo que ocurrió. Por eso, la propia Corte abrió una instancia de negociación entre las partes, que fracasó.
El Gobierno nacional respondió tras reunirse con los gobernadores, quienes habrían exigido el desconocimiento del fallo. Presidencia emitió un comunicado donde calificó el fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Anunció, además, que recusaría a los jueces de la Corte y que presentaría un pedido de revocatoria in extremis.
La revocatoria, en este caso, no tiene sentido: la Corte no revertirá los fundamentos jurídicos de su resolución.
La recusación de los jueces no puede hacerse con posterioridad al fallo, sino al comienzo de la causa. El Gobierno no lo hizo entonces y aceptó la mediación que propuso la Corte. Ahora no puede negar autoridad a los magistrados.
Y el fallo es perfectamente cumplible. Cuando la Corte falló a favor de reclamos de las provincias de San Luis y Santa Fe, se abrieron negociaciones para su cumplimiento, lo que tardó varios años. Algo semejante correspondería ahora. En vez de eso, el Gobierno este lunes intentó imponer su forma de pago, en bonos.
Mientras tanto, un ministro comparó la decisión de la Corte con los golpes de Estado, y el Presidente, que se ufana de ser profesor de Derecho, aseguró en declaraciones periodísticas que la Corte había “logrado algo increíble: que un fallo contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo”. Otro dislate.
La Corte controla la constitucionalidad de los actos jurídicos de los dos poderes políticos. Y en este fallo en particular, además, les recordó al Ejecutivo y al Legislativo que todavía adeudan la sanción de una nueva ley de coparticipación, para concretar los aspectos financieros de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por la Constitución Nacional de 1994.
Para que se entienda: una disposición transitoria de la Constitución Nacional fijaba como plazo para el establecimiento del nuevo régimen de coparticipación “la finalización del año 1996″.
Estamos terminando 2022. Han pasado 26 años y aún no contamos con esa ley. Es tiempo ya de cumplir con la Constitución, en vez de ignorarla o de tergiversar su contenido.
