“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”, expresó Aristóteles. Desde hace unas décadas, los gobiernos locales poseen un destacable protagonismo en la arena política nacional y en el escenario internacional.
Sucede que vivimos en un mundo en el que interactúan globalización y descentralización. Coexisten dos tendencias opuestas, esto es, el traspaso de competencias soberanas a una entidad mayor con el fin de crear una organización internacional supranacional (como, por ejemplo, la Unión Europea) y la transferencia de funciones del nivel nacional a instancias provinciales y locales.
En el universo de la ciencia política y las relaciones internacionales, este fenómeno se denomina “glocalización”.
En la década de 1990, los gobiernos locales potenciaron su rol en el escenario provincial, nacional e internacional. La reforma del Estado implementada en la Argentina durante la presidencia de Carlos Menem definió nuevas funciones para los municipios.
Descentralización
Una de las políticas públicas que produjo esta metamorfosis fue la descentralización. Consistió en el traspaso de competencias por parte de instancias superiores –gobierno nacional o provincial– a instancias inferiores –gobiernos locales, por ejemplo. La salud pública es uno de los servicios que sintió estos efectos.
Otro fenómeno que contribuyó a modificar las funciones tradicionales de los gobiernos locales fue la globalización, conocida como un proceso de internacionalización. Esto significa que los gobiernos municipales ya no limitan sus acciones a su territorio, sino que deben implementar políticas públicas cuyos efectos trasciendan las fronteras nacionales.
Los hermanamientos con ciudades de distintas latitudes del planeta son postales que ilustran lo descrito y posibilitan acrecentar lazos culturales y flujos comerciales entre empresas radicadas en el municipio y potenciales clientes del resto del mundo.
Los intendentes deben ser capaces de promover lazos institucionales con ciudades de otros países que constituyan mercados estratégicos para colocar la oferta exportable local. Se han destinado cantidades navegables de tinta para analizar las bondades de la diversificación de mercados.
No obstante, para encarar el proceso de internacionalización las empresas y los gobiernos locales deben ser competitivos. Esto requiere el ejercicio cotidiano de invertir con vehemencia en la principal ventaja competitiva del siglo 21: el “conocimiento”.
La competitividad de las empresas se puede medir por el precio y la calidad de sus productos en el mercado internacional.
Objetivo de desarrollo sostenible
En el caso puntual de los gobiernos municipales, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es una hoja de ruta con 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que contemplan el abordaje de temáticas como la pobreza y el hambre, la disminución de la desigualdad, la sostenibilidad, las alianzas público-privadas, el desarrollo de ciudades inteligentes, el acceso a educación y salud de calidad, justicia, entre otros.
Cada uno de estos ODS contiene metas e indicadores de gestión que permiten cuantificar la eficiencia social de los gobiernos. Estos indicadores son fuente de legitimidad y una buena carta de presentación internacional para los gobiernos municipales que hicieron bien sus tareas.
Las ciudades inteligentes nacieron en España en 2004. El Ministerio de Industria llevó a cabo la elaboración del primer programa de ciudades digitales del mundo. En paralelo, se creó una Comunidad Digital por parte de diferentes empresas e instituciones, en la que se presentó la primera Ciudad Digital, que después fue renombrada como “smart city” o “ciudad inteligente”.
Desde entonces, estas ciudades siguieron sofisticándose y se convirtieron en un paradigma disruptivo de gestión municipal que hoy está en pleno auge en ámbitos académicos, políticos y también empresariales, por las oportunidades comerciales que implica su desarrollo.
La toma de decisiones basada en datos objetivos y teniendo en cuenta la sostenibilidad, el uso de big data, la automatización de procesos, la inyección de datos y tecnología a la gestión de salud y seguridad, la movilidad y planificación urbanas, la integración social, la accesibilidad, la puesta en marcha de políticas que promuevan la articulación público-privada y la digitalización de trámites para facilitarles la vida a los vecinos, son algunos de los desafíos que afrontan.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Acuerdo de París ofician de guía de los gobiernos que deciden desarrollar ciudades inteligentes. No obstante, hay que aclarar que para sobrevivir a las nuevas exigencias que implica este nuevo escenario multipolar y multicivilizacional, la formación y la visión de los intendentes y de todos los recursos humanos son un factor determinante.
Otra peculiaridad de estos tiempos es que la opinión pública es anárquica. Ya nadie vota por lo que le dijo el cura, su madre, el docente o el político. Los medios alternativos de comunicación produjeron que el feedback entre gobernantes y gobernados sea cada vez más corto. Esto obedece a la revolución tecnológica y a la invasión de smartphones. Los electorados tienen mecha corta y no dudan en cambiar su voto ante la mínima decepción.
Los intendentes actuales son pasajeros en tránsito, a quienes los vecinos eligen por cuatro años, pero la legitimidad de origen que les confiere el voto popular no significa legitimidad eterna. En este laberinto de variables digitales y sostenibles, la capacidad para priorizar correctamente las demandas sociales es fundamental para mantener niveles aceptables de aprobación.
La concepción de un Estado erigido en un esquema de verticalidad absoluta caducó. Los gobiernos locales deben asumir su protagonismo y ser capaces de concebir acciones domésticas e internacionales que contribuyan al desarrollo local y al bienestar de los vecinos.
* Magíster en smart cities; licenciado en Relaciones Internacionales; docente de las universidades de Belgrano y Siglo 21; consultor político.
