Al mejor estilo “fondos fiduciarios”, el gobierno municipal de la ciudad de Córdoba y el de la Provincia implementaron diversos fondos que aumentan la carga impositiva, en un contexto dónde los ciudadanos claman por disminuirla.
En el ámbito municipal, fueron creados a partir de ordenanzas que se ejecutan desde 2022 y mantienen vigencia con la ordenanza 13.439, del 27 de noviembre de 2023, lo que permite al Ejecutivo fijar adicionales extras sobre el importe tributario a pagar que está incluido en el cedulón municipal de las contribuciones sobre los Inmuebles de la Ciudad de Córdoba:
- 10% a 20% en viviendas de mayor valor de la ciudad, para el Fondo Solidario de Inclusión Social,
- 4% para el Fondo Integral para las Personas con Discapacidad, Niñez y Adolescencia,
- 2% para el Fondo Infraestructura y Fomento a la Actividad Deportiva con Perspectiva de Género.
Como si esto fuera poco, en el ámbito provincial la Legislatura sancionó, el 15 de noviembre de 2023, la ley 10.928, que establece dos nuevos fondos específicos de aporte obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2027. El plazo puede ser extensible, según el artículo 40, para determinada categoría de contribuyentes, y el cobro se efectuará junto con el Impuesto Inmobiliario Urbano:
- 2% para el Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad,
- 4% para el Fondo de Seguridad Ciudadana y mejoramiento de los servicios públicos y sociales
Por lo tanto, y si sólo hacemos foco en discapacidad, nos encontramos que en el presupuesto general de gastos de la Municipalidad de Córdoba para el ejercicio 2024, el Fondo Integral para Personas con Discapacidad tiene destinados $ 1.220 millones, que ejecutará la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia.
A su vez, en el presupuesto provincial 2024, el Fondo de Inclusión Social de Personas con Discapacidad tiene destinados $ 1.365 millones que deberá administrar la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Secretaría de Salud.
El gran problema de estos fondos de asignaciones específicas (es decir que el dinero sólo puede destinarse a la finalidad por la que fueron creados) no son los fondos en sí, porque estos son una herramienta como cualquier otra, sino que cuentan con flexibilidad en su administración, no se publica información sobre cómo se utilizan, a quiénes se contrata, con qué valores y cuál es el cumplimiento real de los objetivos.
La causa sin duda es noble –la inclusión social de personas con discapacidad–, pero en realidad son cajas cuya ejecución y uso terminan siendo opacos, discrecionales y fuera de cualquier auditoría o control. Lo deseable sería que no existieran. Es fundamental garantizar una administración transparente y responsable en todos los niveles de gobierno.
Es la razón por la que el presidente Javier Milei incluyó un artículo en la “ley ómnibus” que ponía foco sobre el uso del dinero de los fondos fiduciarios, e incluso quiso eliminarlos. Córdoba va en sentido contrario.
En discapacidad, hay innumerables necesidades siempre postergadas por falta de recursos. Esperemos que estos fondos creados sean controlados y que lo recaudado llegue dónde tiene que llegar, para que el esfuerzo de los cordobeses no sea en vano. Hay demasiadas veredas intransitables; hay un sistema de transporte público con una significativa cantidad de unidades no adaptadas y con paradas no accesibles; hay 1.784 personas electrodependientes registradas que esperan un generador; hay organizaciones no gubernamentales y escuelas especiales que quieren continuar con su labor y tienen un sinnúmero de dificultades.
Es imperioso que haya transparencia y que la discapacidad no sea “la caja” de un puñado de funcionarios.
* Especialista en Accesibilidad
