Vivimos uno de esos momentos en que los intelectuales se sienten inclinados a recostarse en un sillón, encender su pipa, acariciar su barba, mirar hacia un punto indeterminado y, con cara de personas sabias y profundas, dictaminar que estamos viviendo el final de una época.
No es para menos. Argentina transita un deterioro veloz y creciente de su situación económica, social, educativa e institucional. Oficia de presidente un ministro que rinde cuentas a la vicepresidenta, que es la que ejerce el poder político real respecto del rumbo del Gobierno. El resto del peronismo se alinea tras ella dócilmente, sin discutir ninguna de sus órdenes, sin emitir opinión alguna que suponga un tono de discordia.
Pero Cristina Kirchner tiene una única preocupación: zafar de todos sus problemas judiciales, a cualquier costo. Para eso necesita conservar la mayor cuota de poder posible y, si pudiera, reemplazar a la Corte Suprema de Justicia actual por una que esté integrada exclusivamente por ministros de su plena confianza. Este y ningún otro es su principal objetivo. Todo lo demás está subordinado a ello. Y el país deambula sin rumbo siguiendo este derrotero alocado.
Mientras tanto, los piqueteros acampan en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires; el país deja de producir neumáticos; las terminales automotrices cierran temporariamente por falta de insumos; jóvenes porteños de clase media acomodada toman colegios disconformes con la calidad de la vianda que reciben; patotas de sindicalistas ocupan empresas y golpean a sus dueños y empleados. En el sur del país, grupos armados toman propiedades y las destruyen, mientras las fuerzas de seguridad y los gobiernos no dan ninguna respuesta.
El poder abomina del vacío, y si no se ejerce, los espacios son ocupados de hecho, de un modo irregular. Tomar como naturales estas situaciones supone, de algún modo, legitimarlas. Y es lo que está sucediendo, de manera silenciosa.
La violencia como método
Es osado anunciar que el país está arribando a un final de época o que está llegando a su fin un modo de hacer política. Es probable que, si pronosticáramos lo contrario, estaríamos más cerca de la verdad.
La violencia, sea explícita o bajo la forma de tensión extorsiva latente, se extiende ante la anomia, es decir, frente al “estado de desorganización social como consecuencia de la falta o incongruencia de las normas sociales”, que está instalada y se extiende día a día. Lejos de desaparecer, luce saludable y robusta. Y se trata del tipo de problemas que no se resuelven en una mesa de diálogo o con el triunfo electoral de quienes desean poner orden en el país.
Quienes ven soluciones fáciles no harán otra cosa que ceder territorio a los revoltosos y a los violentos.
La situación que se está extendiendo consiste, justamente, en quebrar toda norma, acuerdo, negociación, ley, mayoría electoral, Código Penal o resolución judicial. El Gobierno no pone orden porque está invalidado desde lo ideológico y cultural. Coincide con los puntos de vista de quienes ocupan tierras, colegios y calles. Algunos de sus dirigentes apoyan y participan de esos actos de violencia. Su idea de la sensibilidad social es esa: el Estado debe cubrir todas las necesidades, pues “donde hay una necesidad, hay un derecho”.
Y esta multiplicación de demandas diversas y fragmentarias (el sueño de Ernesto Laclau), lejos de cesar con un futuro cambio de gobierno, lo hará saltar por los aires, en nombre de la “justicia social”.
Prohibido reprimir
En lo inmediato, es imposible alcanzar una situación de mejora social palpable. Más bien al contrario: la situación de la economía tiende a empeorar, con numerosas situaciones que se mantienen reprimidas de un modo artificial y que, más temprano que tarde, estallarán. El tipo de cambio atrasado, la montaña de las Leliq y la inflación están en la primera fila. No alcanzan las palabras, los gestos, las reuniones ni el humo que pueda aportar un ministro que se autopercibe hábil y pícaro.
El tránsito hacia una situación de mayor normalidad económica e institucional supondrá, inevitablemente, enfrentar convulsiones sociales y conatos de violencia de consecuencias impredecibles. La palabra represión ha sido abolida del léxico político y jurídico argentino.
Reprimir, sin embargo, es imponer la ley mediante el uso de la fuerza legítima y legal; anular el accionar de minorías violentas; defender las leyes ante violaciones flagrantes de grupos incendiarios. Si nadie se hace cargo de que gobernar supone también la responsabilidad de dar una respuesta a los violentos, el país será gobernado por ellos, que no encontrarán límite alguno a sus acciones.
En otras palabras, más que el mentado “fin de ciclo”, lo que se extiende por todo el país es la naturalización de un modo violento de ejercer la disconformidad. Pero lo peor es que detrás de esos reclamos y exigencias anida la convicción de que corregir los problemas que tenemos será sencillo, pues bastaría con tomar resoluciones que no demandan esfuerzo ni sacrificio alguno.
Si estas ideas persisten, tendremos tiempos difíciles.
* Analista político
