El juicio por la causa Vialidad continúa con el mismo Poder Judicial argentino que absolvió a:
- César Milani en el juicio por corrupción, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, militar que también estuvo procesado por la desaparición, tortura y asesinato del soldado Alberto Ledo.
- La Justicia formoseña que sobreseyó en tiempo récord al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, y al exvicepresidente Amado Boudou en el expediente por el presunto pago y cobro de sobornos en el proceso de reestructuración de la deuda que Formosa mantenía con el Estado nacional.
- La Justicia o Tribunal Oral Federal 3 que en el juicio por Oil absolvió a Cristóbal López ya Fabián de Sousa en una causa por defraudación al Estado, maniobra de corrupción que permitió que la petrolera no pagara al fisco 5.900 millones de pesos, aun cuando podía y debía hacer frente a sus obligaciones fiscales;
- Dólar futuro: Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa pero sin juicio oral.
- Memorándum con Irán: el Tribunal federal 8, también sin juicio oral, sobreseyó a Cristina Kirchner por “inexistencia de delito”.
- Hotesur y Los Sauces: nuevamente con este arbitrario mecanismo exprés, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a Cristina Kirchner, a sus hijos y al resto de los acusados.
Claramente el problema no es ni el fiscal Diego Luciani, ni un peculiar lawfare, ni ninguna persecución judicial.
El problema es el delito contemplado en la Constitución nacional “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Inquietantemente, horas antes del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, el juez porteño Roberto Gallardo hizo lugar a un pedido de Ofelia Fernández y de Juan Grabois, ordenando que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la vicepresidenta.
De ese modo se configuró en los hechos una peligrosa zona liberada o un complejo patrón de comportamiento judicial, policial y jurisdiccional, al implementar un eventual mecanismo informal de gobierno sobre el espacio circundante a tal domicilio, habitado para los demás vecinos del barrio de La Recoleta, equiparable a una zona franca, en el interior de la cual no regirían las obligaciones ni los derechos o garantías constitucionales vigentes para el resto del territorio nacional. Todo ello según este magistrado, que así desbordó y extralimitó no sólo autonomías propias e inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) sino también su pura función de “judicar” conforme a derecho.
Tanto el juez Gallardo como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, deberán asumir sus eventuales responsabilidades en el atentado a Cristina Kirchner; sin menoscabo de aquellas flagrantes del propio presidente de la nación, Alberto Fernández, en lo concerniente a su intromisión judicial, al papelón con el celular del atacante como al socialmente crispante sobreprecio político especulativo, que sin fundamento ninguno, le fuera asignado a un hecho policial, administrativo y judicial.
Lo primero es condenar y esclarecer sin peros el ataque contra la vicepresidenta, pero a la vez debe continuar el juicio Vialidad, pese de las palabras del senador José Mayans: “¿Queremos paz social? Paremos el juicio de Vialidad”, en otra incalificable e inaceptable intromisión al poder judicial.
* Experto Coneau; docente e investigador universitario
