En la “ley ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, un artículo promueve que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aparezca discriminado en el ticket o factura de nuestras compras habituales. Hace unos pocos meses, la ONG Lógica realizó una campaña en ese sentido a través de una plataforma de internet y recolectó el apoyo de más de 50.000 ciudadanos.
La idea es que con el “régimen de transparencia fiscal” propuesto todos los impuestos incluidos en los bienes y servicios que abonamos aparezcan discriminados en los comprobantes de pago que recibimos.
El artículo en cuestión sostiene: “Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación”.
Actualmente, rige el principio contrario. La ley que instauró el IVA contiene un artículo específico que prohíbe discriminar el monto del impuesto en la factura correspondiente. Según el razonamiento de la ONG Lógica, esta premisa colabora con la invisibilización de los impuestos que abonamos, lo que genera, a su vez, una baja cultura fiscal de los ciudadanos.
Si se invirtiera la perspectiva, podríamos observar con detalle todos los impuestos que pagamos a lo largo del día, no sólo a nivel nacional, sino también en el ámbito municipal y en el provincial. Tasas municipales, ingresos brutos provinciales, impuesto al cheque o cualquier otro tributo quedaría por igual a nuestra vista.
Por cierto, vale advertir que en algunos casos esa discriminación ya existe. Por ejemplo, las facturas que emite la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) lo hace. Pero el punto donde se supone que la modificación propuesta impactaría con mayor fuerza es en las compras de alimentos: el IVA representa el 21% de lo que pagamos, pero en el caso de las bebidas la suma de distintos impuestos equivale al 48% del precio de venta.
Una medida similar se implementó en Brasil en 2012 para que el consumidor tenga información sobre la incidencia de los impuestos en la conformación del precio de venta. De esta manera, se torna relativamente fácil comprender que el dinero que abonamos por algo se reparte entre el comerciante, el productor y el Estado, que a veces participa más de una vez y por más de uno de los niveles de gobierno (municipio, provincia, nación).
Hace muchos años, un reconocido empresario cordobés solía decir que, en su empresa, él no tenía como único socio a aquel amigo con el que habían hecho realidad un “sueño compartido”, sino que tenía otro socio implícito: el Estado, siempre bien dispuesto a llevarse su parte de lo recaudado.
Según las estadísticas del Banco Mundial, Argentina es el país con la mayor carga impositiva sobre una empresa local. El peso total de los impuestos puede oscilar entre el 40% y algo más del 50% del precio final de casi todos los productos y servicios que consumimos.
Semejante carga impositiva resulta insostenible. La reforma del Estado no debe apuntar sólo a eliminar el déficit; el objetivo final debe ser la eliminación de varios impuestos.
