Argentina atraviesa un momento económico cargado de tensión y expectativas. Mientras el Gobierno nacional insiste en mantener un tipo de cambio estable hasta fin de año, el mercado empieza a dudar de la sostenibilidad de esa estrategia bajo las condiciones actuales.
El Tesoro y el Banco Central no están comprando dólares en el mercado spot: están operando con futuros, cuando deberían estar acumulando reservas. Con superávit fiscal y liquidaciones del campo y la energía, lo lógico sería comprar y guardar. Es lo que cualquier ciudadano haría con un excedente: ahorrar.
El FMI lo sabe y lo insinúa. Aunque reconoce que se están implementando políticas fiscales y monetarias apropiadas, está preocupado por el nivel de reservas.
A esto se suma el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que vuelve a poner a la Argentina en el radar judicial internacional.
Esto, como en 2014 con Thomas Griesa, no es un detalle menor: marca la cancha y condiciona cualquier intento de regreso a los mercados de deuda.
Lo que debe quedar claro es que el Gobierno ha conseguido resultados técnicos. El ajuste fiscal se hizo, el déficit bajó y la emisión monetaria se contuvo. ¿Cómo se logró? Esa es otra discusión.
La ejecución de ese ajuste ha golpeado a muchos sectores, en especial a la clase media, que se encuentra en un proceso de redefinición.
El pacto conservador-popular que propone este Gobierno deja la ancha avenida del medio en el lugar más frágil. Es esa franja –entre $ 1,5 millones y $ 3 millones mensuales por hogar– la que más siente el impacto. Ya no trabaja para progresar, sino para sobrevivir.
El Gobierno debe convencer a la sociedad y al mundo de que los precios actuales son precios de equilibrio. Pero hay cuatro precios clave que hoy presentan un desfase del orden del 30%: el tipo de cambio, las tarifas públicas, las retenciones al agro y los salarios.
Todos están por debajo de su valor histórico, todos distorsionan y todos presionan.
El caso del dólar es paradigmático: la UVA ha evolucionado al ritmo de la inflación minorista, mientras que el dólar quedó 25% por atrás. Las tarifas tienen un retraso del 23%. Las retenciones, un impuesto excepcional, afectan a un sector que sostiene a millones de argentinos. Y los salarios tienen un retraso que varía entre el 18% y el 35%, dependiendo del rubro.
El Gobierno parece decidido a llegar a las elecciones de 2025 con estos cuatro precios congelados. Eso implica riesgos.
La economía no es matemática pura; no es que si algo no cierra, se cae. Depende de los apoyos y de quién esté dispuesto a sostener un modelo que reconfigura ganadores y perdedores.
Javier Milei intenta lo que Mauricio Macri no pudo: redistribuir el mapa económico con otros actores, en un contexto de mayor confrontación y con una clase media que, una vez más, debe ajustar su proyecto de vida.
Mientras tanto, los sectores populares encuentran cierto alivio en la baja de la inflación y en la desintermediación de la asistencia. Allí, el Gobierno parece haber ganado algo de tiempo. Pero el reloj no se detiene, y la economía tampoco.
Habrá que ver si este rumbo puede sostenerse o si habrá que corregir el desfase inevitable de los precios. Porque, si no lo hace el Gobierno, lo hará el mercado. Y ya sabemos cómo termina esa historia.
*Economista
