Martín Llaryora decidió asistir a la apertura del año judicial en los Tribunales Río Segundo porque era el primero en su mandato.
Es el acto en el cual el Tribunal Superior de Justicia da por iniciado el ciclo anual ya a fines de marzo y la presencia del gobernador había generado expectativas de todo tipo. Desde el Gobierno y desde la Justicia habían anticipado que podía haber una sorpresa con su presencia, en épocas en las que el Ejecutivo cordobés pone especial enfásis a las cuestiones relacionadas con el narcotráfico.
Las sorpresas no llegaron. El único ordador fue el presidente del Tribunal Superior, Luis Angulo.
No es casual que el exministro de Trabajo de la Provincia presida el máximo cuerpo judicial después de que su jefe político y amigo de toda la vida, Juan Schiaretti, haya dejado el cargo.
Los mensajes entre schiarettistas y llaryoristas se cruzan con intensidad por estos días.
El Ejecutivo provincial analiza algunas acciones comunicacionales respecto de un nuevo andamiaje institucional en el combate de la venta ilegal de estupefacientes.
De hecho, un vocal del Tribunal Superior, que ha ido sido consecuente en alinearse con cada mandatario provincial del peronismo y ahora tributa al sanfrancisqueño, se encargó de decirle a los suyos que el acto de Río Segundo había sido copado por el schiarettismo.
Y por esos recovecos de los pasillos tribunalicios, funcionarios judiciales de primer nivel se encargaron de darle forma a esa respuesta llaryorista.
Sostienen que el gobernador está tomando en serio la lucha contra el narcotráfico, a diferencia de su antecesor. Dicen, jugando bien al juego de la interna partidaria del PJ (que se puede leer como Partido Justicialista o Poder Judicial), que Schiaretti se concentraba en los números y en la obra pública pero descuidaba otras cuestiones.
Es interesante apreciar cómo se replica en Tribunales el discurso del Centro Cívico sobre la supuesta hostilidad de Córdoba ante el narcotráfico. Hostilidad, hasta ahora, no avalada por ningún elemento concreto.
No parece casualidad que el Gobierno provincial siga encargando encuestas y que vaya leyendo con atención la evolución de las imágenes del gobernador cordobés y de su par santafesino, Máximo Pullaro.
Torpeza
En tren de instalación pública, se cometen algunas torpezas, como anunciar que la Policía de la Provincia va a volver a ocuparse del narcomenudeo junto con la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), lo cual está excluido expresamente por la ley.
Los mensajes cruzados entre el Centro Cívico y los Tribunales tuvieron un pico de intensidad esta semana, cuando las autoridades provinciales se encargaron de difundir la infracción de tránsito cometida por el fiscal Enrique Gavier, con un alto dosaje alcohólico en sangre.
La lectura que se hace en los pasillos judiciales, incluidos jueces y fiscales disciplinados por el Gobierno provincial, coincide en los componentes sugestivos que rodean al hecho y que involucran al único fiscal que ha ordenado la detención de un funcionario en su cargo, como fue el caso de Juan María Bouvier, en la causa de las graves irregularidades en el Servicio Penitenciario. Una causa que amenaza con crecer en responsabilidades y hace temblar la pera a más de una figura importante, no sólo del Ejecutivo sino también del Poder Judicial.
