Las distintas crisis económicas por las que ha pasado nuestro país siempre generaron inconvenientes en el mantenimiento de programas, asistencia social, medicamentos e insumos en el ámbito de la salud.
Hoy no es la excepción. La importación de aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, sillas de baño, prótesis y férulas, que son indispensables para la vida diaria y el desenvolvimiento de personas con discapacidad, presentan irregularidades por parte del Estado y las obras sociales, que anulan o demoran las entregas.
Suma de problemas
En este clima difícil, el Gobierno nacional profundiza la angustia preparando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para estatizar las prestaciones actuales en educación y en transporte que se brindan a las personas con discapacidad, con el único objetivo de aliviar las finanzas de las obras sociales sindicales. Esto genera lo que siempre se produce cuando una prestación la realiza el Estado, que paga tarde o lo hace con un exceso de burocracia, lo cual ralentiza procesos que deberían ser ágiles.
Por otro lado, la pandemia obligó a las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad a múltiples desafíos, que fueron desde la necesidad de capacitar a los equipos interdisciplinarios como también dotarse de herramientas informáticas imprescindibles para llevar a cabo acciones asistenciales de manera remota, costos que fueron asumidos por las instituciones en aras de dar respuesta a las necesidades.
Sostener los procesos de rehabilitación, educación e integración resultó una proeza costosa, que fue afrontada por las autoridades de las instituciones solicitando ayudas económicas y, en muchos casos, empréstitos que ponen en peligro su sustentabilidad futura.
De este modo, se requirió por parte de ellas un esfuerzo con un gran impacto financiero negativo, en tiempos en los que sólo la vocación y los principios que las guiaron fueron el estímulo. Muchas, también, tienen grandes deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a raíz de que optaron por pagar sueldos y no impuestos, lo que termina siendo incoherente si pensamos que una institución que presta los servicios que debiera brindar el Estado (sin que este ponga un centavo para que ello ocurra) sean hoy deudoras de impuestos y se encuentren al borde del cierre.
Más enloquecedor resulta cuando los ingresos esperados, que deberían haber acompañado mínimamente el aumento de salarios de los equipos terapéuticos, no se dieron porque las actualizaciones que se realizaron desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de ninguna manera equipararon los aumentos que la situación venía exigiendo.
A cuentagotas, la Andis fue anunciando aumentos en las prestaciones básicas para las personas con discapacidad: 25 por ciento en mayo, 10 por ciento en junio (que aún muchos prestadores no cobraron), 10 por ciento en julio, 10 por ciento en agosto y cinco por ciento en septiembre (que llegarán al bolsillo del profesional seguramente en 2023), en un contexto de inflación galopante.
Recortes de prestaciones
Como consecuencia, se vienen denunciando recortes en las prestaciones que se dan por medio de las obras sociales sindicales en todo el país, situación que se agrava en el interior.
Resulta fácil recortar en el área de discapacidad, porque las familias muchas veces se ven superadas y no tienen tiempo ni energía para realizar manifestaciones públicas ni reclamos, ya que prefieren utilizarlos en atender a las personas con discapacidad que tienen a su cargo.
No obstante, impulsados por una gran incertidumbre, la red de padres con hijos con discapacidad “Vacuname”, que durante la pandemia luchó por la obtención de las vacunas para sus hijos en riesgo, hoy de nuevo enfrenta una nueva campaña, bajo el lema “#ajustenlapolítica, no la discapacidad”, entendiendo que la situación del sector de atención a las personas con discapacidad hoy en Argentina se encuentra en estado crítico.
En síntesis, y con una gran preocupación, se preguntan: ¿serán las autoridades capaces de hacerles pagar la crisis a las personas con discapacidad?
* Especialista en accesibilidad; dirigente del PRO
