La violencia urbana sigue su marcha implacable desde distintos ámbitos, aunque con particular intensidad en estos días de celebraciones de finales de año, a menudo en formato de fiestas clandestinas.
Se trata de reuniones masivas organizadas en su mayoría por jóvenes que dan rienda suelta a los festejos por la culminación del ciclo lectivo y por los egresos del último escalón del nivel secundario.
Si bien no todas son fiestas que se programan sin la autorización debida del poder de control municipal o policial, durante los últimos días se registraron hechos que terminaron de la peor manera.
Entre otros episodios virulentos, se destaca lo ocurrido días atrás en el pueblo de Melo, al sur de la provincia de Córdoba, donde en medio de una brutal pelea un joven fue asesinado de dos puñaladas.
Como venimos informando, este lamentable incidente se produjo una semana después de que, al cabo de una fiesta de egresados en barrio Las Flores II, en la ciudad de Córdoba, un muchacho gatilló un arma de fuego, lo que dejó como saldo tres jóvenes heridos, uno de ellos con un impacto de bala en el cuello.
Más allá del contexto de los alumnos egresados, se registran cuantiosos antecedentes de este tipo de convocatorias que tuvieron epílogos funestos. La causa suele ser el excesivo consumo de bebidas alcohólicas (incluso en menores de edad) y de drogas pesadas. Productos ilegales que se ofrecen al público dentro y fuera de los salones donde se desarrollan estas fiestas.
Es cierto que, durante los últimos años, la Municipalidad de Córdoba, en conjunto con la Policía de la Provincia, desarticularon decenas de estas “juntadas” clandestinas que llegan a congregar a más de mil personas en sitios cerrados o a cielo abierto, sin las mínimas medidas de seguridad.
Sin embargo, ante la continuidad de estos casos, urge ajustar los controles, antes, durante y después de estas reuniones multitudinarias, que en la mayoría de los casos se prolongan más allá del amanecer.
Las autoridades saben que se trata de madrugadas de alcohol y eventualmente drogas, por lo que la vigilancia debe ser rigurosa, y el costo de los operativos debería recaer sobre los organizadores.
Por supuesto, la violencia social no es patrimonio de las fiestas clandestinas: sobre el final de 2025, la provincia de Córdoba reporta 84 asesinatos en diferentes situaciones, desde peleas entre barras hasta conflictos familiares y de violencia de género.
Asimismo, la agresividad delictiva se manifiesta en las calles tomadas por motochoros o por pandillas capaces de ultimar a la víctima para sustraerle una mochila o un teléfono celular.
Es probable que la situación se agrave con motivo de la cantidad de personas que se movilizan para las fiestas de despedida del año y durante las vacaciones. Eso significa que los operativos de verano dependientes del área de Seguridad deben estar alertas a tiempo completo.
La violencia urbana preocupa a todos, y es el Estado el responsable de ponerle freno por acción y por persuasión.
