Suele suceder que quien ha sido víctima de un delito sexual ignore que su calvario sólo acaba de comenzar. El simple gesto de visibilizar una violación a partir de la respectiva denuncia es el inicio de un recorrido en el que la ignorancia, la burocracia, el machismo que no reconoce género –porque lo practican por igual hombres y mujeres–, y la trabajosa maraña de trámites y de exámenes lleven a no pocas víctimas a reconsiderar su decisión. Lo cual no deja de ser un beneficio extra para quienes medran a cuenta de la inseguridad y en la certeza de que la primera reacción de la persona atacada suele ser la negación y el deseo de seguir con una vida que ya no será igual.
La sentencia que la jueza Inés Lucero acaba de imponer a un violador contumaz (20 años) conllevó la reflexión de la magistrada sobre las deficiencias de un sistema tan imperfecto como ineficiente. Porque no hay manera de comprender que quien recibió cinco condenas por iguales razones haya podido continuar con su actividad predatoria, al amparo de la falta de rigor que permitió la reiteración de tales conductas. Ello es fruto de una mezcla en la que van a partes iguales magistrados que creen que toda condena es mero punitivismo, como en el histórico fallo en el que Eugenio Zaffaroni encontró atenuantes en el hecho de que la violación se hubiera concretado con la luz apagada.
Claro que hay más: cabe preguntarse acerca de la utilidad del registro de violadores, ante la falta de convicción de quienes deben tomar todos los recaudos preventivos, pero se desentienden hasta que los ataques se repiten. A lo que se suma una reiterada falta de empatía por parte de uniformados que deben recibir las denuncias e intentan disuadir a la víctima, y el hecho de que las perimetrales rara vez se cumplen, sin que se generen sanciones.
Además, en el caso de ser insistente, la víctima deberá someterse a una humillante sucesión de exámenes y de trámites, a miradas inquisidoras y desconfiadas.
Por estos días, el autor de un femicidio cometido con 113 puñaladas, Fabián Tablado, fue otra vez noticia por las denuncias de una expareja y de la familia de su víctima, lo que llevó a imponerle una nueva perimetral, hasta que lo haga de nuevo. Porque no se entiende que se trata de casos sin redención, por mucha buena voluntad que se les ponga.
Estas muertes podrían haberse evitado de ser otra la mirada y la mecánica que resiente a las víctimas y las hace culpables hasta que se demuestre lo contrario, sometiéndolas a una sucesión de victimizaciones. Pero para evitar ese marco, es urgente que la Justicia actúe con rapidez y firmeza. Nadie debería esperar cuatro o cinco años por un atisbo de justicia.
Esto seguirá sucediendo hasta que nuestros funcionarios ordenen sus prioridades y quienes aún no entendieron el problema aprendan a tratar con las personas ultrajadas sin agraviarlas.
