El anuncio realizado por Delcy Rodríguez –presidenta interina de Venezuela- sobre el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general para presos políticos marca, junto con el cierre del Helicoide como centro de detención, hechos de enorme relevancia en ese país.
No sólo por lo que promete, sino por lo que reconoce hacia atrás. La eventual liberación masiva de detenidos por razones políticas implica aceptar, aunque sin decirlo de forma explícita, que durante años existieron presos políticos, procesos judiciales sin garantías y un aparato represivo al servicio del poder.
Según lo informado, el supuesto plan de Rodríguez contempla la liberación de cientos de personas detenidas por causas vinculadas a la oposición política, la protesta social o la disidencia, con la extinción de las causas judiciales en su contra.
La iniciativa excluye delitos de sangre y narcotráfico, y busca cerrar un capítulo que el chavismo siempre negó: el uso sistemático de la cárcel como herramienta de disciplinamiento político. El cierre del Helicoide, símbolo máximo de la represión, forma parte de ese mismo mensaje.
El Helicoide no es una cárcel cualquiera. Se trata de una estructura ubicada en Caracas, concebida en los años 1950 como un ambicioso proyecto arquitectónico y convertida luego en sede de los servicios de inteligencia. Funcionó como uno de los principales centros de detención y tortura, denunciado de manera reiterada por organismos internacionales de derechos humanos.
En Argentina, el anuncio genera una expectativa concreta. Entre los posibles beneficiarios de la amnistía figuran los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos bajo acusaciones de espionaje y terrorismo que el Gobierno argentino rechazó de plano.
Ambos permanecen presos sin garantías procesales ni asistencia consular plena.
Pero la amnistía no puede borrar esa historia con una ley ni presentar el gesto como un simple acto de reconciliación. La liberación de detenidos no repara, por sí sola, los años de persecución, exilio forzado y silenciamiento.
Aun con la detención de Nicolás Maduro tras el operativo estadounidense de enero, resulta prematuro hablar de un retorno pleno de Venezuela a la democracia. Persisten un sistema judicial colonizado por el poder político, fuerzas de seguridad sin control civil efectivo y un esquema institucional autoritario.
La amnistía puede ser un paso, pero no sustituye elecciones libres, transparencia electoral ni garantías para la oposición.
El desafío de fondo es que, de una vez por todas, el pueblo venezolano pueda sentir que hablar de elecciones libres y de democracia plena deja de ser una consigna vacía. Sin presos políticos, sin proscripciones, sin miedo. Ese horizonte aún no está asegurado.
El rol de Estados Unidos es clave. Ningún acuerdo estratégico, energético o geopolítico puede legitimar un régimen chavista que sostuvo una dictadura responsable de un dolor social inmenso.
Pactar sin exigir transformaciones profundas equivale a consolidar la impunidad. La amnistía, si se concreta, debe ser el comienzo de un proceso real de democratización, no una moneda de negociación más.
Venezuela necesita verdad, justicia y democracia. Todo lo demás sólo posterga el problema.
