La ciudad de Córdoba acaba de dar un paso imprescindible hacia una convivencia vial más segura: comenzó a controlar y a aplicar multas por exceso de velocidad.
En apenas unas horas, se labraron 189 infracciones, detectadas en operativos realizados en la zona de la Costanera.
El dato no sorprende: entre los vehículos controlados, uno circulaba a 101 km/h, muy por encima del límite permitido, una cifra que habla por sí sola sobre los hábitos de manejo en las calles de la capital provincial.
Los controles actuales alcanzaron a unos 400 autos y marcan el inicio de una nueva etapa en la política de tránsito local.
Según el Código de Tránsito Municipal, los límites de velocidad son claros: 20 km/h en pasos a nivel, menos de 30 km/h en zonas escolares y de alta afluencia peatonal, 40 km/h en calles y hasta 60 km/h en avenidas y rutas urbanas.
El esquema es razonable y está pensado para minimizar riesgos. Pero, como muestran las cifras, su cumplimiento ha sido, hasta ahora, más una sugerencia que una regla efectiva.
Controlar la velocidad no es una cuestión menor. Córdoba es escenario cotidiano de accidentes viales graves, muchos de ellos con consecuencias fatales. En buena parte de los casos, el factor común es el exceso de velocidad. Frenar unos metros antes o circular a una velocidad que permita reaccionar pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, esta medida de fiscalización no sólo es necesaria, sino urgente.
Sin embargo, el enfoque no debe quedar sólo en la sanción. Necesitamos una política integral de seguridad vial que incluya más y mejor señalización, campañas de concientización permanentes, mejoras en la infraestructura urbana, educación en escuelas y, sobre todo, coherencia normativa.
En ese sentido, el municipio haría bien en revisar –tal como prometió– ciertos trazados en los que las velocidades máximas parecen estar por debajo de lo que el entorno permitiría. Avenidas como La Voz del Interior o Ejército Argentino, con calzadas amplias, sin cruces peatonales frecuentes ni concentración poblacional, podrían admitir velocidades algo mayores sin comprometer la seguridad. Así ocurre, por ejemplo, en algunas autopistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires.
La normativa debe proteger, sí, pero también responder con sensatez a la lógica del tránsito real.
También es muy importante que la Municipalidad, además de comenzar con estos operativos, los mantenga de manera sostenida, para que poco a poco se cree un hábito que obligue a naturalizar la conducción a una velocidad prudente.
Sabemos de experiencias pasadas que comienzan con grandes anuncios pero que después, por varios factores, no continúan. O que se realizan de manera eventual y fugaz, sin lograr su principal propósito, que no debe ser recaudatorio, sino educativo y pedagógico.
No se debe olvidar que, más allá de las disposiciones oficiales, la seguridad vial empieza con cada persona al volante.
Manejar con precaución no es sólo un acto de responsabilidad personal, sino un compromiso con quienes nos rodean.
Respetar los límites de velocidad es respetar la vida: la propia y la ajena. Y en una ciudad donde cada jornada nos enfrenta a nuevos siniestros, eso debe ser un principio innegociable.
