La opinión pública suele impactarse por los escándalos de distinto pelaje que tienen como protagonistas a empinados representantes del poder político de la Argentina. Y la Justicia toma nota del desenfreno y actúa de oficio o en atención a una denuncia formal presentada en los tribunales.
Sin embargo, hay casos en que el estupor inicial va perdiendo fuerza y la Justicia ingresa en un estado de somnolencia cuyo destino suele ser dar por caída la causa en cuestión. De esa forma, se naturaliza aquella máxima del refranero popular respecto de que con el paso del tiempo todo se diluye, se olvida.
Algo de esto venía serpenteando en relación con el sonoro escándalo que estalló en febrero de este año con el llamado “vacunatorio VIP”. Una referencia singular que puso al descubierto a los acomodados de siempre, que gracias a sus influencias pasaron por alto el trámite de inscripción exigido a toda la población para recibir la primera dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19.
La avivada, al mejor estilo argentino, le costó el cargo al entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y derivó en un expediente judicial que llegó a sumar alrededor de 70 implicados.
Sin embargo, a poco de andar la causa fue cerrada en primera instancia por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Con un argumento que no concuerda en absoluto con lo sucedido, la magistrada entendió que los vacunados VIP se encontraban “dentro de los grupos que componen la población prioritaria”, entre los cuales mencionó al personal de salud y de otras tareas esenciales.
La buena noticia en vías de impartir justicia radica ahora en que la Cámara Federal porteña desestimó el dictamen de Capuchetti y ordenó reabrir la causa y retomar la investigación por las responsabilidades de funcionarios públicos. También, en dirección a indagar sobre la posible culpabilidad penal de las personas que se “adelantaron” en la lista de espera.
Es una forma de señalar que no todo da lo mismo en un país habituado a los ventajistas que sacan provecho de su astucia en todos los ámbitos de la vida pública. Basta examinar los recurrentes nombramientos de parientes y amigos en puestos clave y muy bien pagos de la órbita estatal.
Con todo, más allá de la indignación colectiva por los inmunizados contra el coronavirus sin hacer cola como cualquier vecino, son inadmisibles desde todo punto de vista los escraches. Entre ellos, el que sufrió González García en un restaurante de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Siempre en el terreno de las transigencias, todo contribuye a resquebrajar el vínculo de la gente con la actividad política. Otro ejemplo es la reunión de cumpleaños que se realizó en la quinta presidencial de Olivos en plena cuarentena y en violación al aislamiento social obligatorio.
Entre vacunados VIP y fiestas prohibidas, la ciudadanía carga con el peso de una crisis económica y sanitaria incomparable.
