El proceso por el cual la Legislatura de Córdoba accedió recientemente a informar a regañadientes la nómina de agentes públicos remunerados con recursos presupuestarios dejó en evidencia las dificultades que todavía persisten para obtener mejoras sustanciales y permanentes en los estándares de transparencia administrativa en nuestra provincia.
En febrero pasado, La Voz presentó un pedido de acceso a la información pública en los términos de la ley provincial 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, para conocer la nómina actualizada y las funciones que cumplen el personal, los contratados y los monotributistas de la Unicameral.
Aunque esa norma rige desde 1999, las autoridades de la Unicameral se negaron a responder la solicitud; vencidos los plazos legales -y luego de que La Voz acudiera a la Justicia- accedieron a entregar parcialmente los datos requeridos. La reticencia oficial a difundir datos de estricto interés ciudadano alertó sobre las deficiencias estructurales que existen en Córdoba para el acceso a la información pública, pese a la normativa vigente.
El acceso simple y sin trabas a la información pública es un derecho imprescindible para ejercer otros derechos. Sin información precisa sobre datos relevantes de la administración de la cosa pública, el ejercicio de la ciudadanía sólo puede redundar en una democracia de baja intensidad, sin un debate robusto.
El acceso a la información pública está garantizado en nuestro país a través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que lo reconocen.
La ley nacional 27.275 establece los mecanismos para ejercer ese derecho y promover la transparencia administrativa. La ley provincial 8.803 dispone los procedimientos en un sentido similar para la provincia de Córdoba.
Sin haber concluido todavía la polémica por la reticencia de la Legislatura a revelar datos de su administración, se conocieron recientemente indicadores que ubican a Córdoba en una posición preocupante respecto de otras jurisdicciones en aspectos referidos a transparencia pública y acceso a la información.
El informe anual 2023-2024 de la plataforma Ethix, especializada en monitorear procesos de licitación, ubicó a Córdoba en el décimo lugar del ranking de jurisdicciones que cuentan con normativa vigente y plataformas activas para facilitar el control ciudadano.
El listado es encabezado por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Mendoza porque cuentan con sistemas de licitación digitales, abiertos y auditados. Córdoba ocupa la décima posición, con un nivel de transparencia medio, y bajo nivel de acceso a la información.
El estudio afirma que Córdoba tiene una “alta opacidad” en la información de sus procesos administrativos, con problemas de baja digitalización, sin plataformas consolidadas.
Urge, en consecuencia, una actualización normativa y operativa en nuestra provincia, que permita avanzar desde ese estadio actual, de deficiente calidad republicana, hacia el ejercicio de un principio de transparencia activa, mediante el cual los organismos públicos difundan de manera proactiva la información de interés ciudadano.
Sin esperar que medie solicitud alguna, ni mucho menos –por cierto– interponiendo obstáculos cuando esos legítimos requerimientos existan.
