Son legítimas las dudas de la opinión pública por los hechos ocurridos desde el arribo a territorio nacional del avión Bombardier matrícula N18RU, el día 26 de febrero pasado, hasta su partida al exterior, una semana después. Son interrogantes que antes planteó la justicia federal y que motivaron su intervención el 17 de marzo.
Las circunstancias que se investigan surgen a partir de un hecho: un jet privado de la empresa Royal Class, propiedad de Leonardo Scatturice, empresario al que se vincula con el Gobierno nacional, habría ingresado a Argentina varias piezas de equipaje que no habrían cumplido con los requisitos de control aduanero vigentes.
El dictamen preliminar del fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, y del responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, expone una serie de incógnitas.
No está claro el origen del vuelo, que fue informado a las oficinas nacionales de contralor como proveniente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, pero figura en el reporte de la empresa partiendo del aeropuerto de Opa-locka del mismo país. Hay dudas también sobre la cantidad de viajeros que llegaron en el vuelo.
El piloto de la aeronave se presentó ante la Justicia para aclarar cuáles fueron las piezas de equipaje propias. Porque los fiscales plantearon sus dudas sobre la cantidad de bultos existentes y declarados. Ese interrogante surge del procedimiento utilizado por el personal aeroportuario, que facilitó a los viajeros la elusión de los escáneres de control aduanero.
El registro de las cámaras de seguridad revela circunstancias que deberían ser aclaradas.
Una empleada del servicio aduanero aparece facilitando a la pasajera una comunicación telefónica al momento de desembarcar. De inmediato la misma pasajera es favorecida con la elusión del control de equipaje.
Pero los mismos registros de imagen son discontinuos para esclarecer lo ocurrido con otras valijas que quedaron dentro del avión hasta su partida.
Las dudas crecieron por la inadecuada respuesta de las autoridades nacionales. El vocero presidencial Manuel Adorni desestimó prematuramente la información periodística sobre el caso.
Juan Pazo, el funcionario de quien dependen el servicio aduanero y la agencia de recaudación de impuestos dijo que el control de equipaje no es general sino selectivo.
El propio Presidente de la Nación replicó la línea argumental sugerida por Pazo: no se escanearon las valijas en Argentina porque ya se había hecho en Estados Unidos, donde los controles son muy estrictos.
Una reacción imprudente de las autoridades nacionales no contribuirá a despejar las dudas de la ciudadanía. La conducta esperable es la de una contribución eficiente con la investigación judicial, a cargo del juez Pablo Yadarola.
Se trata del mismo magistrado que resolvió el 19 de diciembre de 2018 el procesamiento de funcionarios nacionales en el caso de Guido Antonini Wilson.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en noviembre del año pasado las condenas por el intento de ingresar ilegalmente una valija con 800 mil dólares en agosto de 2007, en plena campaña presidencial.
Algunos funcionarios fueron presos cuando la causa estaba por prescribir. Antonini Wilson permanece prófugo.
