El Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a Cristina Kirchner y a otros imputados en las causas Hotesur y Los Sauces porque dos de sus tres jueces suscribieron como propio el argumento central de la defensa: como el dinero en cuestión provenía de las arcas del Estado, cuyas cuentas están perfectamente en blanco, no tendría sentido la acusación.
El voto en disidencia, por el contrario, entendió que debía realizarse el juicio oral y público, en coincidencia con lo señalado por el fiscal pocos días atrás, cuando rechazó la solicitud de los abogados de la vicepresidenta.
El inexplicable fallo pasa por alto que, en una primera instancia, se determinó que Lázaro Báez fue el contratista principal del Estado para obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz por medios irregulares, y que ese delito hizo posible que por sus cuentas bancarias circulara una increíble masa de dinero.
La hipótesis es que una parte importante de esos montos terminó en manos del matrimonio integrado por Néstor y Cristina Kirchner a través de supuestos alquileres y de ventas de inmuebles y de tierras fiscales.
Báez fue condenado en la causa de “la ruta del dinero K” por operaciones de lavado de dinero equivalentes a unos 60 millones de dólares. El Estado le pagaba por obras que en muchas ocasiones no se hacían, y Báez triangulaba el dinero para ocultarlo del fisco, mientras su contabilidad registraba gastos inexistentes con facturas falsas.
En paralelo, les abonaba a los Kirchner cifras exorbitantes por operaciones inmobiliarias que involucraron, por ejemplo, a los hoteles, tanto en concepto de administración como de alquiler de habitaciones que sus empleados jamás usaron.
En la actualidad, el dispositivo que favorecía a las empresas de Báez en los procesos licitatorios de la obra pública es juzgado en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner, Báez y una decena de exfuncionarios y empresarios están imputados por defraudación al Estado y asociación ilícita.
¿Se puede pasar por alto toda esta trama y las pruebas que la avalan?
No es la única rareza que contiene este fallo. Por un lado, los jueces aprobaron el cierre de la causa antes de que se incorporasen como prueba importantes peritajes que se encargaron en su momento y que estarían listos entre diciembre y marzo próximos.
Por otro lado, uno de los firmantes del voto mayoritario, fundador de Justicia Legítima –la organización kirchnerista que nuclea a miembros de Poder Judicial–, integra el Tribunal Oral en calidad de suplente hasta el 30 de noviembre. O sea que el fallo se emitió un par de días antes de que caducara su participación.
En consecuencia, es imaginable que la discusión jurídica no concluyó. Cabe esperar la apelación del fiscal ante la Cámara de Casación, que casualmente unas horas antes de que se conociera el dictamen del Tribunal Oral, rechazó el pedido de Cristina Kirchner de declarar nulo el requerimiento de elevación a juicio de esta causa.
La Justicia no debiera olvidar que la sociedad demanda desde hace años el fin de la impunidad.
