Costó mucho. Fueron 82 días de espera. En esos casi tres meses, hubo pedidos informales y formales; reclamos personales y judiciales; audiencias de conciliación; repercusiones mediáticas; polémicas políticas; intriga ciudadana. Todo ello fue necesario para que la Legislatura de Córdoba accediera a brindar los datos de sus 1.055 contratados. Algo que debió haber cumplido en no más de 10 días hábiles, como establece una ley sancionada hace un cuarto de siglo por el mismo cuerpo legislativo, con otra composición pero con mayoría del mismo partido político.
En aquel momento, el 6 de octubre de 1999, Córdoba se sumó a las jurisdicciones que reconocían un derecho humano esencial, vinculado con la transparencia y la posibilidad de que la ciudadanía controle a sus gobernantes: acceder a información del Estado mediante un trámite sencillo, gratuito y sin demoras.
La inexistencia de sanciones por el incumplimiento de lo que fija la norma explicó que, poco tiempo después de que la ley entrara en vigencia, este diario tuvo que presentar, en 2004, una demanda judicial para que el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) difundiera actas de su directorio por la contaminación de agua en 13 barrios de la ciudad de Córdoba.
En aquella oportunidad, el organismo también brindó las actas una vez que la Justicia comenzó a analizar el tema, pero el juez reafirmó que existía “un derecho fundamental a acceder a la información”. El magistrado lo decía por el diario, pero en realidad, aunque la prensa sea la que difunde los datos o realiza una investigación a partir de ellos, es la sociedad la titular del derecho de acceso a la información pública.
En octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó en Córdoba los “Estándares para el relacionamiento de gobernantes con periodistas y medios de comunicación”. Allí se afirma que cuando “los gobiernos apelan a la cultura del secretismo, se avanza luego en el avasallamiento de otros derechos humanos, por lo que es vital que la ciudadanía permanezca alerta y reclame transparencia como condición de gobernabilidad”. Y agregaba: “Democracia implica control ciudadano de las acciones de quienes desempeñan una función de poder. Y la prensa es una aliada imprescindible para que la sociedad pueda ejercer ese control”.
La existencia de una ley de acceso no garantiza transparencia. Siempre habrá funcionarios que se sientan dueños de la información pública, sin ver o aceptar que la propietaria es la ciudadanía y que por ello esta tiene derecho a exigirla. Siempre habrá burócratas que aleguen excepciones, excusas como las que se plantearon ante el pedido presentado por La Voz.
Que el tiempo transcurrido no sea en vano y que este caso sea un incentivo para avanzar en una transparencia activa y en reformas normativas para que se apliquen sanciones ante demoras o incumplimientos en brindar información. Será el mejor modo de aportar a una ciudadanía empoderada, que mejore la institucionalidad y fortalezca la democracia.
