El presidente Javier Milei instó a los productores agropecuarios a liquidar sus cosechas y los amenazó con volver a subir los derechos de exportación –llamados ”retenciones”, en la jerga económica– desde julio próximo.
Ese impuesto sufrió una rebaja temporal del Gobierno nacional al cero por ciento para los bienes de las economías regionales, desde el 27 de enero último.
En el caso de las exportaciones de soja, el impuesto pasó de 33% a 26%, y de 31% al 24% para los derivados de la oleaginosa.
También se redujo para las ventas de trigo y de maíz, que pasó de 12% a 9,5%, y de girasol de 7% a 5,5%.
Esas medidas fueron elogiadas por el sector agropecuario y por los exportadores, porque incentivan la producción y las operaciones comerciales, al contrario de la estrategia que había seguido el kirchnerismo de incrementar tales gravámenes.
Sin embargo, ante la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central, el Presidente amenazó ahora con retrotraer la situación.
Los agricultores afirman que liquidan sus cosechas en función de las necesidades de la compra de semillas y de insumos, además de los costos del laboreo, sin especular con el valor internacional de los granos y del dólar en la Argentina.
Es evidente que acopiadores, industriales y exportadores son los responsables, en última instancia, de “liquidar” los productos primarios y los elaborados con los granos.
Milei y los funcionarios de Economía debieran dejar de lado sus amenazas y avanzar con señales claras sobre la prometida reforma impositiva, que forma parte, además, de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo sostiene que el sistema impositivo es “excesivamente complejo y distorsivo”, en lo cual se incluyen provincias y municipios con sus propios tributos.
La promesa oficial tornaría más competitivo al sector productivo, con una baja en los precios para los consumidores y generaría una mejor competencia frente a bienes importados.
La oposición en el Congreso, liderada por el peronismo, sostiene con acierto que ese cuerpo es el ámbito indicado para fijar impuestos y alícuotas, potestad que esa agrupación trasladó al Poder Ejecutivo durante la gestión de Alberto Fernández.
Tal estrategia encierra el propósito político de quitarle recursos a la administración nacional, para forzarla a emitir pesos o a tomar más deuda, lo que comprometería la suerte del actual plan económico.
El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional están obligados, por razones fundadas, a trabajar en una reforma impositiva que alivie la carga a la producción y a la comercialización de bienes, con beneficios directos para los consumidores.
No es ese el espíritu que anima a unos y a otros. Las amenazas de los funcionarios sólo apuntan a mejorar el balance negativo del Banco Central, mientras que los legisladores opositores intentan provocar un caos económico.
La confrontación debería tener como objetivo un cambio verdadero en los impuestos, más allá de regulaciones temporales y de la apetencia electoral de ciertos grupos políticos.
