El presidente Javier Milei anunció que vetará en su totalidad la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que ambas Cámaras del Congreso aprobaron con amplias mayorías, en un intento justo de recuperación de los haberes, pero en el marco de un sistema previsional inviable desde hace largo tiempo.
La decisión presidencial genera inquietud entre los más de 7,5 millones de jubilados y pensionados de todo el país, que de una u otra forma están alcanzados por la nueva norma.
Diputados y senadores de la Nación aprobaron una compensación por el desfase producido entre el incremento de 12,5% otorgado por el Gobierno en relación con una inflación de 20,5% en enero último.
Los beneficiarios deberían cobrar, además del desfase mencionado, las compensaciones que surgen de aplicar ese incremento en el haber básico desde marzo en adelante.
Nadie puede discutir la justicia de ese aumento, si se tiene en cuenta que el haber mínimo del sistema nacional fue de $ 295.454 en agosto y se elevará a $ 304.540 en septiembre, en ambos casos incluido un bono extraordinario de $ 70 mil.
Esos montos sólo cubren de manera muy parcial la canasta básica total (CBT) que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) utiliza para medir el nivel de la pobreza en la Argentina.
Las cifras se tornan irrisorias para una alimentación saludable, la atención de la salud y otras necesidades de las personas mayores.
La equidad de lo dispuesto por el Congreso Nacional es indiscutible.
Sin embargo, los legisladores omitieron incluir en ese texto el modo de financiar las nuevas remuneraciones, como otras cuestiones incluidas en el texto sancionado, como la deuda de Anses con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación.
En este caso, correspondería al Poder Ejecutivo disponer la reducción de gastos en la administración nacional para hacer frente a las obligaciones del sistema previsional.
Sin embargo, las posibilidades de mayores recortes son mínimas ante la ya dispuesta eliminación de contratos y empleos públicos y de organismos oficiales, la supresión de la obra pública y otras retracciones en las funciones del Estado.
En este contexto, diputados y senadores debieron indicar cómo se financiará el aumento en los pagos a jubilados y pensionados; o, en su defecto, establecer cómo afrontar tales erogaciones.
La nueva modalidad incluye otros incrementos adicionales por la diferencia anual en la suba de salarios y jubilaciones, los pagos de la deuda a las 13 cajas previsionales provinciales y a los beneficiarios que ganaron juicios por la mala liquidación de sus haberes.
Este conjunto de medidas supondría la eliminación del superávit fiscal generado en los primeros ocho meses de gestión.
El sistema previsional argentino, con sus múltiples regímenes especiales y la escasa cantidad de aportantes, es inviable como está concebido en la actualidad.
Los legisladores nacionales y el Gobierno deben darse a la tarea conjunta de diseñar un nuevo sistema, progresivo en su aplicación, y con mayor equidad para aportantes y no aportantes.
Ese futuro esquema debe tender a generar haberes justos para la clase pasiva, sin espasmódicas soluciones.
