Hace falta demasiada memoria para rastrear los orígenes de la crisis del sistema de transporte urbano en la ciudad de Córdoba.
Desde hace no años, sino décadas, esta crisis recrudeció y afecta cada vez más a los miles de ciudadanos que dependen del servicio.
Por diversas causas, la falta de unidades, la reducción de frecuencias y el deterioro general del sistema fueron convirtiendo un derecho básico en una odisea cotidiana para estudiantes, trabajadores y gente que no tiene otra opción de movilidad.
A diario se sufren demoras excesivas en la espera de las unidades, de hasta 40 o 50 minutos en horarios de alta demanda, lo que genera paradas colapsadas y ómnibus sobrecargados. En los horarios pico, es común que muchas personas no logren subir a los vehículos y deban esperar la próxima unidad sin garantías de que tendrán un lugar.
Una concejala denunció recientemente que la Municipalidad permitió operar con 102 unidades menos de las exigidas por la ordenanza vigente. Esto no sólo implica menor capacidad de transporte, sino un impacto directo en la frecuencia de los recorridos y en la calidad del servicio. No es extraño que los usuarios denuncien viajes en condiciones de hacinamiento, sin aire acondicionado en verano ni calefacción en invierno.
Además, el estado de muchos colectivos es deplorable. La antigüedad de la flota se traduce en unidades con desperfectos mecánicos frecuentes, fallas en puertas y ventanas, problemas de iluminación interna y deterioro de los asientos. La falta de mantenimiento adecuado es una constante que pone en riesgo la seguridad y la comodidad del pasajero.
Ante este panorama, el Ejecutivo municipal anunció un nuevo marco regulatorio del transporte urbano. Se plantea una redefinición de los recorridos, el establecimiento de frecuencias mínimas y una nueva fórmula para calcular las tarifas.
Sin embargo, el problema no radica sólo en la normativa, sino en la falta de cumplimiento y en la ausencia de control sobre las concesionarias.
Históricamente, los anuncios de reformas en el transporte urbano generaron expectativas que luego no se ven reflejadas en mejoras reales.
Las normativas deben ir acompañadas de un plan de implementación efectivo y de una fiscalización rigurosa, para que no se conviertan en meras declaraciones de intenciones. De lo contrario, los usuarios seguirán enfrentando el mismo calvario diario.
Además, el sistema debe ser pensado no sólo para quienes no tienen movilidad, sino también como una opción viable y eficiente que desincentive el uso de vehículos particulares.
Así se contribuiría a mejorar el tránsito y a la sostenibilidad ambiental. Mucha gente dejó de tomar ómnibus debido a los problemas del sistema y no volverá si no cambia la situación.
La crisis del transporte urbano en Córdoba no admite más dilaciones. Es necesario que las autoridades municipales asuman con seriedad el compromiso de garantizar un servicio digno para la ciudadanía.
Los cordobeses no pueden seguir siendo rehenes de un sistema colapsado. Un transporte público eficiente, seguro y accesible no es un lujo, sino una necesidad esencial.
