El servicio de transporte interurbano de pasajeros de la provincia de Córdoba arrastra un grado de imprevisibilidad tal que no sólo pone en riego su futuro, sino que deja latente la posibilidad de que en un puñado de días quede en letra muerta lo que se firmó en una mesa de negociaciones. Es el resultado conocido de un sistema que viene resquebrajado desde hace años.
Y no es poco el trastorno para los usuarios: cada vez que el gremio Aoita y los choferes deciden una medida de fuerza, unos 200 mil pasajeros se ven afectados, según las cifras aproximadas de viajes diarios, sobre todo de residentes del Gran Córdoba.
Son las secuelas de una crisis histórica que impide a miles de personas movilizarse. Pero, en última instancia, el Estado provincial y las empresas tienen la responsabilidad de garantizar ese derecho público, tantas veces vulnerado.
Por fortuna, siempre habrá gestos de sensatez tendientes a no crispar aún más los ánimos de los usuarios. En tal sentido, este último lunes el sindicato y las dos cámaras que agrupan a las empresas del sector llegaron a un acuerdo salarial para los próximos meses. En función de ello, quedó sin efecto la amenaza gremial de un paro por tiempo indeterminado a partir de la próxima semana.
Si no pasa nada extraño en el marco de la citada imprevisibilidad, se abre una tregua de al menos 60 días, lo que no deja de ser una buena noticia.
Sin embargo, el acuerdo suscripto tiene como punto central la cuestión salarial, lo cual no sería factible honrar sin un nuevo incremento de las tarifas, que ya suman casi un 200% en los últimos meses.
El problema radica en que sin subsidios del Estado, las prestaciones se caen a pedazos. El propio ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió días atrás en Rosario que los sistemas de transporte público no son viables sin el subsidio de “alguien”. Pero no precisó de quién, con lo que dejó a salvo de ese desembolso al Gobierno nacional.
Es cierto: el presidente Javier Milei podó, a poco de asumir el cargo, las subvenciones de todo orden. Y nada hace prever que cambie de opinión. Por el contrario, la motosierra amenaza con dejar sin un peso aun a los grupos más postergados de la población. Y el transporte ocupa la primera línea.
La cuestión de los interurbanos se complejiza debido a que el Gobierno de Córdoba no tiene demasiado margen monetario, más allá de hacerse cargo del pago de los boletos sociales a las empresas.
Si no hay plata y el transporte interurbano es insolvente a niveles de quebranto, habrá que ingeniar políticas a corto plazo que impulsen renovadas estrategias contemplando la suma de kilómetros recorridos por cada unidad, con la cantidad de boletos cortados por día. No se trata de reducir frecuencias sino de promover alternativas viables y menos deficitarias. En resumen, reconvertir un servicio inoperante.
