Cuesta asumir que durante los primeros seis meses de este año murieron 176 personas a causa de siniestros viales en la provincia de Córdoba. Y resulta escalofriante inferir que esa es la curva estadística que se mantiene en el tiempo y que nos seguirá atormentando si no se toman las medidas urgentes para revertirla de forma drástica.
Desde lo individual, se trata de tomar conciencia y medir los riesgos que implica el manejo imprudente de un vehículo, ya sea en rutas, autovías y autopistas o en las congestionadas zonas urbanas.
Es cierto que el número de fallecidos al cabo del primer semestre de 2025 es algo inferior a lo que dejó igual período de 2024, con 179 personas fallecidas, o al que se registró en igual lapso en 2023, con 207 decesos a causa de choques, vuelcos y despistes.
Es decir, aun con las oscilaciones estadísticas, lo concreto y preocupante radica en que la siniestralidad vial es una de las principales causas de muertes no naturales en la Argentina. Demasiada devastación como para permanecer indiferente.
Para colmo, julio arrancó con un número de víctimas fatales que suman escepticismo.
En este contexto de desgracias sin pausa, siempre merecen un capítulo aparte las motocicletas. En lo que va del año, 72 conductores de motos perdieron la vida en accidentes en rutas y en zonas urbanas. Otro fenómeno que lamentablemente tiene una dinámica casi diaria, que contribuye a engrosar las crónicas luctuosas.
Aquí se observa la escasa responsabilidad de quienes conducen una moto sin el casco protector colocado. Una obligación que rige, además, para los eventuales acompañantes.
En líneas generales, los datos acerca de esta problemática surgen de un relevamiento propio que realiza La Voz y que se basa en datos policiales, judiciales y de otros medios de información.
En función de esos registros, vale insistir para despertar conciencias: 176 personas fallecidas en accidentes de tránsito en seis meses en Córdoba nos convocan a no permanecer indiferentes, sobre todo en lo que compete al Estado en materia de controles y de prevención.
Por citar un ejemplo, no sería inoportuno agravar las exigencias a los solicitantes de licencias de conducir; por caso, las referenciadas en aptitudes psicofísicas.
Si bien son habituales los accidentes por manejos imprudentes, no se puede omitir que el deterioro de muchas rutas, autovías y autopistas nacionales y provinciales no colabora para un viaje seguro.
Los costos de los peajes son caros y la contraprestación es a menudo el escaso mantenimiento de la red vial.
Y como no se podía esperar otra cosa del Gobierno nacional en su cruzada por reducir a la mínima expresión las obligaciones del Estado, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad augura malos tiempos para las obras públicas relacionadas con la red vial.
En resumen, las conductas desaprensivas y el paso al costado de la Nación pueden jugar en contra en la batalla por dejar de sumar más tragedias viales.
