Hace tiempo que los gobiernos en la mayoría de los países latinoamericanos han olvidado que el libre ejercicio del periodismo es una de las condiciones más básicas para garantizar la calidad de un sistema democrático.
Tampoco parecen recordar que la información pública no es una concesión que se otorga de forma magnánima ni un favor que se concede a periodistas y medios, sino que se trata de un derecho esencial de la ciudadanía.
En síntesis, la libertad de prensa en América latina atraviesa una crisis profunda y sostenida, marcada por hostilidad creciente, violencia física contra periodistas y restricciones al acceso a la información pública.
Tras un reciente encuentro, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un agravamiento de ese clima adverso en el continente. Lo atribuye al persistente deterioro institucional en buena parte de la región, que se traduce en la escasez o inexistencia de garantías para el ejercicio del periodismo libre.
La entidad subraya que el debilitamiento de las libertades de prensa y expresión conlleva la dificultad para que se impulse un debate ciudadano plural y amplio, lo que afecta, a su vez, el clima democrático.
La prensa es una de las primeras víctimas de los gobiernos autocráticos, que persiguen a los medios de comunicación con tácticas como la asfixia económica, allanamientos, clausuras y confiscaciones.
Las conclusiones del encuentro de la SIP señalan que “la creciente hostilidad, el acoso y la retórica estigmatizante contra periodistas y medios informativos desde el poder se ha extendido” y que “en Estados Unidos, con la llegada del presidente Donald Trump, la descalificación y el intento de afectar la labor de periodistas y empresas ha llevado incluso al bloqueo informativo”.
Los reportes muestran estigmatización hacia el periodismo desde el Estado en al menos 14 de las 24 naciones monitoreadas en la región, lo que hace notar que “la denigración a la prensa es práctica habitual de gobernantes populistas de izquierda o derecha, funcionarios de menor rango, dirigentes opositores y troles en redes sociales, con el claro objetivo de minar la credibilidad de periodistas y medios de comunicación que revelan hechos de interés público”, dice la SIP.
En el caso de Argentina, el informe señala que “el discurso presidencial de Javier Milei no ha moderado el hostigamiento desplegado contra el periodismo desde el inicio de su mandato”, y que “a ello se suman limitaciones y proyectos de ley que condicionan la circulación de información”.
Indica asimismo que “otras restricciones al acceso a la información se registraron a nivel provincial” y menciona el caso de la Legislatura de Córdoba, que “sólo difundió datos sobre la cantidad e identidad de contratados y personal permanente después de que La Voz del Interior presentó una acción de amparo”.
Resulta imperativo que los líderes políticos respeten y protejan la labor periodística y que reconozcan su papel fundamental en la construcción de sociedades libres y democráticas. Si no lo entienden, lejos estaremos de aspirar a sociedades más justas y equitativas.
