La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marca un momento delicado en el proceso de construcción de estadísticas públicas confiables.
Su partida se produce en un contexto en el que el Gobierno decidió postergar la implementación plena del nuevo índice de precios al consumidor (IPC). Y revela la fricción entre la necesidad de actualizar la canasta de consumo y las limitaciones que impone el calendario político y macroeconómico.
La actualización metodológica del IPC estaba en marcha desde la gestión anterior y se pretendía basar el nuevo índice en una canasta derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–2018, para reemplazar el relevamiento de 2004.
Lavagna defendía esta modernización como un paso necesario para reflejar con mayor fidelidad los patrones reales de consumo de la población. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que existían diferencias en cuanto a los plazos para la implementación y que la intención del Ejecutivo es introducir el cambio cuando el proceso de desinflación se consolide.
Entre las implicaciones, se observa que, si bien la administración continúa apoyando la idea de medir con mayor exactitud, la decisión de posponer la aplicación plena del IPC sugiere una cautela frente a la volatilidad de la economía.
El resultado inmediato es la postergación de la implementación y, con ello, una señal de que la independencia técnica de la estadística puede quedar supeditada a otro tipo de consideraciones.
La importancia de preservar la credibilidad de una entidad como el Indec no admite discusión. Las estadísticas oficiales no son meros números, sino la referencia con la que el Estado acuerda políticas, mide inflación, define subsidios y calibra presupuestos.
Una credibilidad robusta fortalece la legitimidad de las decisiones públicas y otorga predictibilidad a agentes económicos y sociales.
Cuando se cuestiona la rigurosidad metodológica, se erosiona la confianza de ciudadanía e inversores y se abre la puerta a interpretaciones que minan la gobernabilidad.
El Indec debe sostener estándares claros, transparencia en sus procesos y una independencia que resista las presiones temporales.
Un Indec sujeto a cambios de rumbo por decisiones políticas de corto plazo corre el peligro de convertirse en un instrumento de conveniencia, más que en un bastión de veracidad estadística.
La tentación de manipular mediciones para justificar gestiones implica un quiebre de la confianza cívica que ya vivió Argentina en épocas del kirchnerismo.
Mantener la integridad técnica, la consistencia metodológica y la claridad de criterios es un deber compartido por el Gobierno y por la sociedad.
Además, el Indec debe dotarse de mecanismos que aseguren continuidad en su labor ante cambios de funcionarios, presupuestos y coyunturas, para no perder rigor metodológico.
El camino hacia una información oficial confiable exige un compromiso firme con la verdad empírica. No retornar a prácticas de manipulación de datos debe ser una consigna compartida por todo el arco político y por la sociedad, como condición indispensable para una democracia informada y estable.
