El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de los llamados derechos de exportación, conocidos en la jerga económica como “retenciones”, desde el 1º de julio próximo, para los granos finos y gruesos de la producción agropecuaria.
El Ministerio de Economía decidió mantener los actuales valores para el trigo y para la cebada hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que para los granos gruesos –soja, maíz y girasol, entre otros– se volverá a las alícuotas vigentes antes de las rebajas de fines de 2024.
La posición oficial ofrece diversas lecturas; la principal es que constituye un retroceso en el ideario del presidente Javier Milei, quien insiste en que su gestión se caracterizará por el control de la inflación y por la baja de impuestos.
Es plausible el mantenimiento de las actuales alícuotas para el trigo y para la cebada, que, según cálculos oficiales, aportan U$S 4 mil millones anuales en exportaciones, el 5% de las ventas de la Argentina.
Los especialistas leyeron en esa resolución cierta intencionalidad política, ya que ambas producciones se concentran en la provincia de Buenos Aires, que tendrá elecciones locales el 7 de septiembre próximo, en la antesala de los comicios nacionales del 26 de octubre.
Por contrapartida, es cuestionable la suba de las retenciones a la soja, cuyo grano pasará a tributar 33% en lugar de 26%, como sucede desde enero último, mientras que el aceite y la harina de la oleaginosa abonarán 31% (hasta ahora, 24%).
Además de ser una medida que atenta contra la industrialización de bienes primarios, abre serios interrogantes sobre la actitud de los productores en torno de la futura siembra de esos granos.
Son evidentes las contradicciones en el discurso oficial, que exige un esfuerzo mayúsculo a la sociedad por la reducción del gasto público, sin el contrapeso de la supresión de los elevados tributos que se pagan.
La eliminación del déficit fiscal es a costa del mantenimiento de mínimas e insuficientes jubilaciones nacionales, de la cancelación de los subsidios al transporte público de buena parte del interior del país y del descarte de obras públicas imprescindibles, entre otras medidas.
El encomiable esfuerzo que realizan los ciudadanos no se compadece con la avaricia que subsiste en el Estado nacional, más allá de la notable reducción de cargos políticos y de organismos ineficientes y burocráticos.
Puede entenderse el aumento de las retenciones como una invitación a liquidar las existencias actuales de granos en el campo, pero no constituye un mensaje claro sobre las políticas que aplicará el Gobierno en el futuro.
Además, resulta contradictorio que se disponga una suba en los impuestos mientras se alienta un virtual blanqueo de dinero no registrado por parte de quienes ahorraron evadiendo el pago de tributos.
El virtual blanqueo de hasta U$S 100 mil por cada tenedor constituye un premio flagrante para quien no cumplió con sus obligaciones legales.
Tales medidas forman parte de las inadecuadas señales que reciben las familias y las empresas a la hora de decidir en qué producir y en qué invertir.
Las contradicciones generan desánimo al momento de alentar la reactivación económica que necesita el país.
