Recordar cuál es la misión del Congreso de la Nación puede parecer obvio, pero no lo es en estos tiempos: su tarea primordial es deliberar y sancionar leyes.
Pero, además de legislar, una de sus funciones esenciales es ejercer el control de gobierno.
Dicho esto, queda claro que ni los legisladores deben olvidar que están ahí para deliberar y sancionar leyes que ayuden al desarrollo del país y de la gente que lo habita, ni el Ejecutivo puede hacer de cuenta que el Congreso no es necesario o que sólo es un obstáculo para gestionar.
La democracia es una regla inamovible que, a esta altura, no puede discutirse. Por lo tanto, bien vendría que los discursos fueran en esa dirección, más que en el descrédito permanente y en el ataque mutuo entre los poderes de la República.
Todo esto debieran tener en cuenta legisladores y autoridades ante un gran debate que se avecina, cuando el Senado comience a tratar esta semana los proyectos para ampliar la Corte Suprema y para la composición de la AGN (Auditoría General de la Nación).
A casi un mes del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, se discutirán distintos proyectos para ampliar el máximo tribunal, que actualmente tiene cinco miembros (aunque hoy funciona sólo con tres), y para garantizar el cupo de género.
Por otra parte, el Senado comenzará a discutir cambios en la composición de la AGN, luego de que Diputados fracasó en su intento de completar vacantes.
El organismo de control del sector público nacional hoy sólo es integrado por su presidente, el peronista porteño Juan Manuel Olmos, porque ninguna de las dos cámaras se puso de acuerdo para nombrar a los seis auditores generales (tres por cada una).
Las propuestas pretenden aumentar la cantidad de auditores hasta ocho, y todas acortan de ocho a cuatro los años de mandato.
Los intentos fallidos para completar las vacantes tanto de la Corte Suprema como de la AGN ya de por sí demuestran que existe en este momento una dificultad mayúscula para lograr consensos.
Las fuerzas políticas –y sus referencias en los distintos poderes– no son capaces de lograr acuerdos y han reemplazado desde hace tiempo el debate y el acercamiento de posiciones por la necesidad de imponer las propias ideas y propuestas, de manera absoluta y sin contemplar concesiones. O bien –lo que representa un gran peligro para la democracia– concibiendo cada acuerdo como una negociación secreta en la que cada parte obtiene algo en beneficio propio o para su espacio político, dejando de lado el bienestar de la sociedad, principal motivo por el que debieran ocupar sus cargos.
Tanto la Corte Suprema como la AGN son instituciones clave para equilibrar la balanza democrática; es de esperar que cada congresista asuma los debates venideros desde esta óptica, que se logren acuerdos sensatos y que estos no sean el fruto de negociaciones espurias.
