En una sociedad donde abundan las encuestas y los economistas, no viene mal recordar que los números siempre representan a gente, gente que está tan poco representada que acaban por caer en las estadísticas como quien se precipita al vacío. Esos números, por si hiciera falta decirlo, cuentan con toda crudeza el grado de vulnerabilidad en que se halla buena parte de la sociedad argentina.
Los datos del trabajo que el área de estadística de la Defensoría del Pueblo de Córdoba acaba de dar a conocer respecto de la depreciación del salario mínimo vital y móvil (SMVM) en relación con la canasta básica total (CBT) –el total de consumos que una familia tipo debe afrontar– son como la foto de un David ínfimo ante un Goliat agigantado.
Los $ 286.711 del SMVM de enero pasado se miden contra una CBT de $ 933.399 y salta a la vista que no hay equivalencia entre una cifra y la otra.
Aporta el citado informe que el SMVM sólo cubre el 65% de la canasta básica alimentaria y apenas el 28% de la CBT. En otras palabras, que una familia tipo cuyo único ingreso sea un salario mínimo está en la indigencia o, para mayor precisión, en el subsuelo de la indigencia.
Esta formidable caída puede referenciarse en los datos de 2020, cuando el salario mínimo cubría el 113% de la canasta básica alimentaria, esto es el consumo de subsistencia sin el peso de los servicios ni los gastos estacionales.
En este punto, hay que señalar que las estadísticas no reflejan la parte más cruda de la realidad, toda vez que las canastas básicas utilizadas para estas mediciones adolecen de un atraso de más de 10 años. Desde hace mucho tiempo se sabe que diversos costos están subestimados, como por ejemplo el peso de los servicios, que en unos pocos años incrementó su incidencia en más de 10 puntos.
Si bien el Indec ha tomado nota de este detalle hace años, todavía no ha terminado de adecuar las nuevas realidades a sus índices.
Las preguntas que cabe formularse es si este declive de la sociedad argentina es compatible con alguna forma de superación social, de construcción igualitaria, en momentos en que el presente Gobierno nacional señala al concepto de justicia social como una aberración y cuando el Estado se bate en retirada de temas como salud y educación y no parece tener entre sus metas esquema alguno de recuperación del trabajo.
Huelga decirlo: si se trata de construir una sociedad para pocos, los datos presentes dicen que se está recorriendo el camino correcto.
Es de esperar que no se trate de ese destino aciago sino simplemente de la aplicación de políticas cuyas consecuencias escaparon a toda previsión. Si así fuera, se deberían implementar medidas coyunturales y estructurales pero, sobre todo, hacer un enorme ejercicio de empatía para con quienes sufren las consecuencias. Que son demasiados.
