Numerosos intendentes y jefes comunales cordobeses que no podrían aspirar a un nuevo mandato en 2023 pretenden que no se aplique la ley que limita la reelección indefinida y sólo habilita la posibilidad de acceder a dos gestiones consecutivas.
La ley provincial 10.406, sancionada en 2016, reformó el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal. Desde entonces, la re-reelección quedó prohibida para intendentes, concejales, tribunos de Cuentas, integrantes de las comisiones comunales y legisladores provinciales. Por lo tanto, ya que la ley entiende al período 2015-2019 como el primer mandato por considerar, en 2023 por primera vez obraría como un freno para una importante cantidad de candidaturas: quien haya sido reelegido en 2019 no podrá competir para renovar su mandato en 2023.
La rebelión es transversal y podría ser cuantitativamente importante. Nadie señalará con nombre y apellido a quienes comandan las gestiones. Pero las estimaciones realizadas en las principales fuerzas políticas de la provincia dan una clara idea de lo que podría estar pasando. En Hacemos por Córdoba, habría unos 290 intendentes e intendentas que no podrían presentarse porque terminarán su segundo mandato. En el radicalismo, casi 60 están en la misma situación. Si se suman ambas fuerzas, engloban a 350 gobiernos locales. Y en toda la provincia hay 427 gobiernos locales. Traducido, en el 82 por ciento de las localidades habría que buscar, como mínimo, nuevos candidatos para los cargos ejecutivos. Las competencias internas serían inevitables y podrían impactar sobre las dirigencias partidarias. Como dice el viejo y conocido refrán, pueblo chico, infierno grande.
El plan contaría con apoyo del Gobierno provincial. La Mesa Provincia-Municipios ya estaría redactando el proyecto de ley para darle trámite parlamentario en las próximas semanas y habilitar su debate antes de que termine el año. Eso significaría que el oficialismo estaría preparado para asumir el costo político de la medida en solitario, ya que distintos sectores de la oposición se manifestaron en contra.
Por supuesto, favorecer la reelección indefinida iría en contra de lo que la sociedad les demanda a los políticos. En un sentido, porque la perpetuación de los mismos nombres, sea como funcionarios o como candidatos alternativos en representación de los agrupamientos opositores, restringe la discusión política, impide la necesaria renovación de la dirigencia y debilita los controles. El conjunto social tiene la expectativa de que aparezcan nuevas voces que expresen nuevas ideas, para dar forma a nuevas prácticas políticas.
En otro sentido, porque avalaría un juicio descalificador de la dinámica política que se ha instalado hace tiempo entre nosotros: la idea de que los políticos nunca se ponen controles y frenos a sí mismos, sino que, por el contrario, se apañan unos a otros para contar siempre con un marco legal que los favorezca.
En las pequeñas localidades es donde la política debiera esforzarse por cumplir su misión pedagógica, para estimular la participación en los asuntos públicos y la consiguiente deliberación de todos los ciudadanos. La concentración del poder que simboliza la reelección indefinida inhibe esa posibilidad. Y en muchos casos alienta la corrupción.
