En sendos documentos, las universidades nacionales de Río Cuarto y de Buenos Aires alertaron sobre la incertidumbre que genera que el Gobierno nacional pretenda que las instituciones del Estado se sostengan en 2024 con el presupuesto que dispusieron el año pasado. Tras esos pronunciamientos, y en representación de todas las universidades públicas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunció en el mismo sentido.
El CIN advirtió, “con la gravedad que la situación impone, que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento” de las universidades nacionales.
La Universidad Nacional de Río Cuarto había explicado que el Presupuesto de 2023 resulta “claramente insuficiente” para afrontar los gastos de 2024: “De no mediar una recomposición, vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, es posible que se generen devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacten en la adquisición de insumos para docencia e investigación y en la ejecución de programas especiales”, entre otras actividades.
La Universidad de Buenos Aires ratificó esa argumentación al solicitar un presupuesto para el presente año “que garantice la continuidad de sus funciones en docencia, investigación, salud y extensión”.
Ahora, el CIN generalizó el planteo: es necesario incrementar el Presupuesto en línea con el proceso inflacionario, para asegurar la continuidad de las actividades de cada universidad.
En palabras del CIN, “sostener el valor estratégico que la educación universitaria pública tiene, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”.
Es que todas las universidades nacionales están ante la misma disyuntiva. Sin una actualización presupuestaria, deberán paralizar algunas de sus actividades. Los gastos de mantenimiento, docencia, investigación y extensión, por efecto de la inflación, requieren para 2024 un mayor volumen de dinero que el destinado en 2023. Lo mismo que le pasa a cualquier ciudadano con sus ingresos le pasa a la Universidad.
El loable objetivo del Gobierno de equilibrar las cuentas públicas no debe alcanzarse a cualquier costo. De hecho, sería un despropósito que el recorte de gastos significase, en la práctica, que ciertas áreas del Estado debieran dejar de funcionar.
La docencia, la investigación y la extensión son consustanciales a las universidades. Su misión abarca esas tres áreas. Se les puede pedir un racionamiento de gastos, incluso que analicen, llegado el caso, qué compras o contratación de servicios podrían postergar por un tiempo. Pero no se les debe retacear los fondos mínimos indispensables para su normal funcionamiento.
En el pasado reciente, hubo ocasiones en las que el Estado debió apelar a la prórroga del Presupuesto del año anterior. Eso sucedió con una inflación mucho menor que la actual y sin que el Gobierno se hubiera impuesto la meta del equilibrio fiscal. Las condiciones actuales, entonces, son muy diferentes. El Gobierno debe ser consciente de ello y admitir la razonabilidad de lo que demandan las universidades.
