El grado de exasperación que va ganando a la sociedad suele escalar emocionalmente, al punto de pasar de un simple fastidio a un estado de violencia. Situaciones que se observan en el desarrollo de las tareas cotidianas, pero que tienen un contexto peligroso, y a veces imperceptible, en el ámbito hogareño.
Sin embargo, lo más temible del caso radica en que dentro de ese desorden familiar hay menores de edad que sufren, de manera directa o indirecta, las consecuencias de las desavenencias entre sus progenitores. Peor aún cuando pasan a ser testigos inocentes y sin reacción de la violencia de género.
En un informe que publicamos días atrás, queda reflejada la preocupación de las autoridades de la Provincia y de los municipios por el incremento de casos judicializados a raíz del maltrato a la niñez.
Las señales de alerta están en línea con el razonamiento expresado por Amalia López, titular de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia. “Nos ha tocado intervenir en casos donde los chicos son rehenes de la conflictividad familiar, ya que entre las disputas de los progenitores quedan en el medio, sin ser escuchados”, relata con crudeza la funcionaria.
Es de conocimiento de los gobernantes y de la dirigencia política que el maltrato infantil se expande de distintas formas, no sólo en el núcleo familiar sino también en el marco de otros abusos incalificables y traumáticos para su futuro desarrollo; entre ellos, la explotación laboral pergeñada por inescrupulosos.
Con todo, es necesario tomar nota sobre los conflictos intrafamiliares y sobre sus repercusiones en la Justicia, para no demorar las medidas de protección pertinentes.
El referido informe da cuenta de que en los juzgados de la provincia de Córdoba prevalecen las denuncias por violencia de género que tienen como víctimas a mujeres. Sin embargo, hay indicadores fehacientes para concluir en que durante los últimos años creció la tramitación de expedientes judiciales por menores maltratados.
Vale citar lo que ocurre en San Francisco. Cuatro de cada 10 denuncias que reciben en el Juzgado de Niñez, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esa ciudad del departamento San Justo, tienen a niños, niñas y adolescentes como involucrados.
Es una referencia territorial que se repite en otras sedes judiciales del mapa cordobés. Y vale la advertencia: la descomposición social y la pérdida de valores no pueden caer encima de los más indefensos. Los organismos de protección a la niñez tienen por delante el desafío de ejercer controles permanentes dentro y fuera de los hogares. Son cuantiosos los reportes que nos ponen en aviso sobre una problemática social y humanitaria que crece al ritmo de una severa crisis social.
Los propios magistrados admiten la preocupación por las causas que llegan a juicio con menores de edad como víctimas de abusos de distinto orden.
Los hechos de violencia de género, de familia y de minoridad tienen una dinámica que amerita no cejar en los controles, antes de que sea tarde.
