Argentina presentó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) la solicitud formal para ingresar a la entidad. Esta reúne a países que generan casi la mitad de la producción mundial y que efectuaron en 2024 inversiones directas a nivel global por U$S 1,5 billones.
El memorando entregado incluye 240 autoevaluaciones de distintas áreas del Gobierno nacional.
El objetivo del ingreso a la Ocde supone la adecuación de políticas públicas y el uso de normas y prácticas nacionales acordes con estándares internacionales, según el informe suscripto por el canciller Pablo Quirno.
El fin último de la administración de Javier Milei es generar políticas macroeconómicas sustentables y permanentes en una gestión de gobierno.
Es conocido que la Argentina produjo cambios sustanciales durante las diversas administraciones que se sucedieron en los últimos 30 años.
El país pasó sucesivamente de una economía abierta, dolarizada y con inversiones privadas en los servicios en la década de 1990 a otra regida por el estatismo en todas las prácticas oficiales y económicas en la década siguiente.
En el período, también hubo administraciones que intentaron un punto intermedio entre ambos modelos, pero sin éxito.
Estas idas y vueltas generaron incertidumbres y retracciones de los capitales privados que llegaron a la Argentina.
El retiro de esas inversiones fue visible también durante los primeros 20 meses de gestión de Milei, aunque varias de esas decisiones estuvieron vinculadas con el replanteo de los negocios globales de empresas multinacionales.
El Gobierno intenta ingresar ahora a la Ocde con una macroeconomía ordenada bajo el principio del superávit fiscal, aunque con numerosas decisiones objetables en cuanto a los recortes y los sectores afectados, y con un renovado respaldo político.
La posibilidad de lograr un asiento en esa organización permitiría afianzar la relación con las principales potencias económicas y generar condiciones para un aumento de las inversiones.
El camino por recorrer no está exento de dificultades. Basta decir que desde 2022 el país no cuenta con un Presupuesto nacional aprobado por el Congreso.
El cálculo de gastos y de recursos fue sucesivamente prorrogado en los años siguientes, con la arbitrariedad que ese hecho supone para la distribución de partidas.
La posibilidad de obtener un Presupuesto 2026 equilibrado, con superávit, está en el ánimo de las 24 administraciones subnacionales, para lo cual se exige una actitud recíproca por parte de Javier Milei y de su gabinete.
Este es sólo uno de los instrumentos que los países más desarrollados observan con atención para evaluar a un par en cuanto al equilibrio de sus cuentas fiscales.
Argentina deberá sumar políticas de desarrollo productivo, mejora en la calidad de vida de sus habitantes y en el cuidado del ambiente, para que el crecimiento sea sustentable en 2026 y al menos durante el próximo quinquenio.
Las buenas intenciones de sumarse a los países de mayor crecimiento deberán ser acompañadas por la dirigencia, para trabajar mancomunadamente en pos de ese objetivo.
Lo contrario supondrá el planteo de buenos deseos, pero irrealizables por el cambiante contexto político y social que identifica al país.
