La paralización del sistema educativo escolar en coincidencia con el inicio de clases es una vieja costumbre de los sindicatos docentes. Es complejo encontrar un punto de referencia en el que las aulas no hayan quedado vacías de arranque, en el marco de los recurrentes tironeos entre las provincias y los gremios por recomposiciones paritarias.
Y como consecuencia directa de las medidas de fuerza y del fracaso de los negociadores oficiales, el perjudicado es siempre el alumnado. Nunca queda del todo claro por qué no se toman las previsiones salariales durante los meses de receso, de modo de tener la cuestión más o menos dirimida antes del inicio del calendario escolar.
Lo cierto es que la historia se repetirá este lunes a escala nacional, en función del paro docente de 24 horas dispuesto días atrás por un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).
La medida tendrá impacto en la provincia de Córdoba por la adhesión de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), también en irresuelto debate salarial.
En resumen, será un comienzo enrevesado del ciclo lectivo 2024 y que augura tensiones entre la Nación y las provincias, entre ellas, Córdoba.
Sin embargo, hay que repasar las motivaciones antes de entrar en juicios apresurados. Por caso, el detonante del paro del lunes estriba en la quita por parte del presidente Javier Milei de recursos específicos para el sector. Entre ellos, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (creado por ley en diciembre de 1998, al calor de la llamada “carpa blanca”, durante el gobierno de Carlos Menem) y el fondo compensador, además de la paritaria estancada.
Estos recortes dinerarios (como otros que bajaban desde la Nación a las cajas provinciales) pusieron en pie de guerra no sólo a la docencia, sino también a los gobernadores.
Milei echó más nafta al fuego cuando disparó: “Como la Argentina es un país federal, la responsabilidad de la educación es de los gobernadores”. Y trasladó así a los mandatarios el compromiso de honrar el incentivo docente.
Otra contradicción: el DNU motorizado por el Presidente considera a la educación escolar en todos sus niveles como un servicio esencial, pero por otro lado abre las puertas a futuras medidas de acción, a causa de la poda de recursos millonarios.
La huelga es una decisión extrema, que siempre deja secuelas perjudiciales para la población. En este caso, estudiantes y sus padres y madres, atrapados por un cuadro de incertidumbre que, de no mediar el sentido común, podría extenderse más allá del lunes. Hay que recordar que el inicio de clases suele demorarse meses en muchas jurisdicciones.
La prudencia de sindicatos y de patronales, así como el razonamiento del Estado de que los ajustes no pueden arrasar todo a su paso, permitirán un ciclo lectivo en paz y acorde con el calendario establecido.
