Con los precios en marzo y en abril por encima de las expectativas de desaceleración, el Gobierno nacional decidió avanzar en decisiones que anticipan los primeros trazos de una economía bimonetaria.
Por un lado, la estrategia oficial –que se conocerá en las primeras semanas de este mes- apunta a facilitar la circulación de dólares, que se usarían, incluso, en operaciones simples, como las compras en supermercados y en comercios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) calculó que a fines del año pasado había U$S 214.505 millones fuera del circuito financiero, “en el colchón”, como se afirma habitualmente.
Para el Banco Central, esa cifra alcanzaría a U$S 350 mil millones, por depósitos en el exterior, incluidos los de paraísos fiscales.
El objetivo del Ministerio de Economía es que esa enorme cantidad de dinero se vuelque en el país, ante la cuasi certeza de que no habrá una suba abrupta de la cotización.
El Gobierno espera recibir este año U$S 15 mil millones del Fondo Monetario Internacional, además de préstamos de organismos internacionales.
Los funcionarios apuestan a que el campo venda rápidamente la cosecha de granos gruesos, dado la perspectiva de una baja en la cotización del dólar y por la reducción de los precios internacionales.
La otra decisión clave es la liberación en el uso del billete norteamericano para múltiples operaciones, lo que facilitará el “blanqueo” para quienes tienen su dinero fuera del circuito formal.
El objetivo es que la inflación se ubique en torno del 1% en octubre próximo, cuando se realizarán las cruciales elecciones legislativas.
Más allá del plausible logro de avanzar hacia un ordenamiento económico, basado en el equilibrio fiscal, monetario y cambiario, el bajo valor del dólar entraña serios riesgos para la producción nacional.
El campo y la industria aparecen como los sectores más afectados, ya que soportan un aumento de los insumos a valor de la moneda norteamericana, una alta presión tributaria y la carencia de una adecuada infraestructura, que eleva los costos de logística.
A esta ecuación de riesgo hay que sumarle la posibilidad de una suba de impuestos, en lugar de una baja en la carga tributaria. Esta situación sucedería, por caso, en las llamadas “retenciones”, que se incrementarían desde julio próximo.
El flamante presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, y la Mesa de Enlace nacional y de Córdoba insistieron en una baja de la carga impositiva para afrontar la fuerte competencia externa y tornar viables las empresas.
Es acertada la decisión de las autoridades de trabajar en el orden macroeconómico, lo cual no se puede lograr sin el consenso y los tiempos que demandan acomodar las expectativas y la producción argentina.
Desoír este mandato puede implicar el cierre de industrias y la inactividad en los campos, con la consiguiente pérdida de empleos, caída del salario real y de los ingresos tributarios para los gobiernos.
La experiencia de otras épocas debería ser un espejo en el cual pueden mirarse autoridades y productores para corregir errores del pasado.
