La presentación del proyecto de Presupuesto 2026 para Córdoba abre un capítulo distinto en la discusión pública sobre las cuentas provinciales.
Después de un año marcado por tensiones con sectores productivos, sobre todo el agropecuario, la administración provincial propone un esquema que apunta a reducir la presión impositiva, ordenar el gasto y enviar una señal política de sintonía con los postulados de austeridad que promueve el Gobierno nacional.
El nuevo paquete fiscal incluye rebajas concretas en tributos clave, topes estrictos a los aumentos y un enfoque que prioriza la inversión social.
En ese marco, el Presupuesto aparece como un instrumento para definir el rumbo de la gestión y para anticipar qué lugar ocuparán las políticas públicas el año próximo.
El proyecto fija aumentos con un tope de 29% en el Impuesto Inmobiliario Urbano, cifra que coincide con la inflación estimada.
Sin embargo, la novedad más significativa se ubica en la reducción que beneficiará al 41% de los contribuyentes, quienes enfrentarán bajas nominales de hasta el 25% respecto de 2025.
A ese universo se suman contribuyentes que pagarán el mismo monto nominal que este año y quienes afrontarán actualizaciones que sólo acompañan la inflación.
El espíritu de este esquema implica un alivio tangible para casi la mitad de los hogares cordobeses, aunque exige como condición el cumplimiento al día del tributo.
El sector agropecuario recibe también una señal. Mientras que el incremento del Inmobiliario Rural había generado un conflicto durísimo en 2025, esta vez la Provincia establece el mismo tope de 29% y promete que 98% de lo recaudado se dirigirá al Fondo de Desarrollo Agropecuario.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, columna vertebral de la recaudación provincial, muestra otro giro importante. El proyecto contempla una rebaja para pequeños comerciantes. A esto se agregan estímulos para la actividad industrial y para la radicación de inversiones.
Estas medidas representan un costo fiscal elevado, pero introducen un horizonte que busca dinamizar la economía.
A diferencia del esquema que desató protestas y tensiones –sobre todo por los aumentos rurales–, la nueva propuesta avanza hacia una reducción impositiva explícita.
El propio Gobierno la presenta como un “plan de reducción de impuestos”, lo que refleja una decisión política de aliviar a una sociedad que atraviesa una situación económica frágil.
Conviene recordar que un presupuesto no consiste en un documento meramente técnico.
Funciona como la hoja de ruta de una gestión, organiza prioridades, define la orientación del gasto y anticipa cómo se distribuirán los esfuerzos del Estado.
La existencia de un Presupuesto claro, coherente y socialmente comprensible permite fortalecer la transparencia, ordenar la discusión pública y dar previsibilidad a los sectores productivos y a la ciudadanía.
Sin embargo, el desafío mayor es la necesidad de que el Presupuesto se cumpla y se ejecute tal como fue presentado.
La ciudadanía necesita que las promesas de alivio y las prioridades anunciadas se transformen en hechos, sin desviaciones que contradigan el espíritu del proyecto. Sólo así el Presupuesto 2026 podrá consolidarse como una herramienta de confianza para Córdoba.
