Los movimientos sociales vinculados con distintos planes de asistencia estatales quedaron bajo un manto de sospecha por causa de dos investigaciones judiciales. Si bien esas investigaciones se circunscriben a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, numerosos juzgados del interior estarían al tanto de probables ramificaciones.
Por un lado, el Ministerio de Capital Humano de la Nación denunció graves irregularidades en el programa Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado en 2020. Las autoridades, por medio de una auditoría, pudieron determinar que casi la mitad de los comedores comunitarios registrados en el programa “eran inexistentes”.
En realidad, de los comedores registrados sólo se verificó la existencia de casi la mitad de ellos, un tercio ya no funcionaba, y en el resto, los datos de preinscripción no coincidían con la realidad, por lo que no pudieron ser contactados.
Para el ministerio, esto demostraría que “la gestión anterior no realizó los controles correspondientes” sobre los comedores a los que enviaba mercadería. Una manera de justificar que esta administración suspendiera los envíos de alimentos a los comedores hasta tener los resultados de la auditoría. Pero entre los comedores que dejaron de funcionar, bien podría haber algunos que hayan tenido que cerrar porque el Gobierno les dejó de enviar productos. En otras palabras, el no funcionamiento presente no es índice de corrupción. La Justicia debe discriminar caso por caso.
Por otro lado, el lunes pasado se realizaron múltiples allanamientos contra 28 dirigentes “piqueteros”, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. La causa se inició a fines de diciembre con una presentación del Ministerio de Seguridad, sobre la base de testimonios obtenidos en la línea telefónica habilitada para los beneficiarios de planes sociales que sufrieran presiones indebidas por parte de quienes los habían ayudado a gestionarlos.
La hipótesis judicial es que dirigentes y militantes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie habrían organizado una estructura piramidal con roles bien diferenciados en cinco o seis “escalones”, que irían desde los líderes hasta las personas que eran colocadas en “lista de espera”, a quienes se les prometía la pronta asignación de un plan social.
El presunto mecanismo extorsivo que se investiga contaría con distintas vías para recaudar dinero: no sólo se habría exigido “coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y en manifestaciones públicas”, sino que a quienes no asistían los habrían sancionado económicamente, a lo que al parecer se sumaba la obligación de entregar una porción del dinero que cobraban. En paralelo, se habrían desviado alimentos destinados a los comedores para venderlos en los mismos barrios o en zonas aledañas.
Como se ve, ambas causas giran alrededor de tópicos de los que el imaginario social sospecha desde hace años. Pero que estos delitos puedan comprobarse no justifica la estigmatización de todos los movimientos sociales ni de todas las personas que cobran un plan. Mal haría entonces el Gobierno si pretende convertir el fondo de la cuestión en un argumento para dar de baja los planes sociales. Parafraseando el refrán, la Justicia discriminará entre justos y pecadores.
