Una discusión trivial entre dos personas que se conocen entre sí puede desencadenar una tragedia. Hay sobrados antecedentes en la materia en sumarios policiales y en expedientes judiciales. Es decir, una vez que las palabras elevaron al extremo el pulso de la situación, uno de los contendientes saca un arma de fuego y dispara contra su ocasional adversario y le provoca la muerte.
Viejas pendencias sin resolver, exceso de bebidas alcohólicas o de drogas, lo cierto es que se trata de una de las configuraciones de la violencia.
Sólo una muestra de la descomposición social que se extiende a los recurrentes casos de femicidio o a los crímenes en ocasión de robo, en los que pueden morir de un balazo tanto la víctima como el asaltante. Todo ello sin contar los heridos de bala que van a un hospital en busca de recuperación.
Como corolario de esos problemas en Córdoba, aparecen las estadísticas que no dejan de abrumar a la sociedad y de ahondar el grado de preocupación de las autoridades del área de Seguridad provincial.
La cadena de violencia urbana en territorio cordobés muestra una tendencia en ascenso. Como publicanos días atrás sobre la base de registros oficiales, durante 2023 se cometieron111 asesinatos a punta de pistola o con arma blanca. En 2022 se habían perpetrado 97 crímenes, y 88 en 2021.
Por lo que se observa, estamos ante una suba gradual, si bien es oportuno mencionar que se trata de una tasa relativamente baja en relación con la cantidad de habitantes; esto es, el promedio de asesinatos según la población. Valga como parámetro que Argentina registra en promedio cinco homicidios cada 100 mil habitantes, una cifra que la coloca por debajo de otros países de la región.
Con todo, no hay que darle vuelta al asunto. La inseguridad en Córdoba –aun sin resultados fatales– ha crecido de manera inquietante, lo cual se refleja en la avanzada de robos callejeros en modo motochoros y de violentos asaltos domiciliarios.
Y se reactualiza un problema nunca zanjado por las autoridades gubernamentales, de la Policía y de la Justicia: la exponencial cantidad de armas de fuego en manos tanto de los ladrones como de los narcotraficantes que suelen cooptar barriadas por lo general pobladas por gente de bajos recursos.
Es de conocimiento público –y de las autoridades– que muchos crímenes cometidos en Córdoba obedecen a venganzas por negocios sucios o por cuentas no saldadas en el submundo narco.
Hay planes del Ministerio de Seguridad de Córdoba para poner en marcha un programa de “desarme civil a cambio de dinero” cuyos pormenores aún están en gestación.
¿Cómo entender que menores que no superan los 15 años de edad transcurran la vida blandiendo armas de fuego que nadie sabe quién las provee? Ahí está el núcleo duro por resolver.
Los 111 asesinatos en 2023 son elocuentes para repensar acciones. Más aún cuando 2024 arrancó con índices desalentadores en materia criminal.
