Cinco muertos y un número no precisado de heridos fue el trágico saldo que dejó una discusión entre vecinos que ocupan terrenos usurpados en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Para el Gobierno nacional, se trataría de un tema estrictamente provincial. El vocero Manuel Adorni, al deslindar jurisdicciones, criticó al kirchnerismo: “Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose por lograr un pedazo de tierra”.
El dirigente social y militante kirchnerista Juan Grabois, por su parte, criticó al Gobierno nacional y negó que fuera una cuestión provincial porque, dijo, “la necesidad y la urgencia debería ser que haya tierra para los argentinos”.
Estos discursos resultan por demás innecesarios. No ayudan a la comprensión de lo sucedido ni formulan una alternativa para evitar su repetición a futuro. Apenas si expresan cierto oportunismo discursivo para intentar arrojar la responsabilidad sobre el adversario.
La hipótesis que investiga el Ministerio de Seguridad bonaerense da cuenta de un trasfondo complejo. Una mafia especializada en la usurpación de terrenos y la posterior venta ilegal de lotes, aparentemente liderada por una mujer extranjera, estaría operando en la zona. “Es una toma judicializada desde 2019. La desalojamos tres veces”, puntualizó el ministro bonaerense, Javier Alonso.
El fatal tiroteo fue protagonizado por vecinos también extranjeros. Una reunión barrial derivó en una disputa por unos terrenos que tendrían más de un propietario porque habrían sido vendidos en varias ocasiones. Por un lote de 12 por 30 metros, se habría pagado medio millón de pesos. Se señala como detonante de la discusión el supuesto loteo para la venta de una plaza. Al menos tres personas que acompañaban a los “delegados” de la toma, según varios testigos, comenzaron a disparar contra el grupo antagonista.
Como en el enfrentamiento participaron personas de nacionalidad paraguaya y boliviana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le pidió a la Justicia que expulse del país a los extranjeros no residentes que cometen delitos: “La Argentina abre los brazos a todo aquel que viene a trabajar y a vivir en paz, pero el que viene a usurpar, a matar y demás, debe ser expulsado”.
En ese contexto, Bullrich no sólo reforzó la interpretación de Adorni, al manifestar que el gobierno provincial y los intendentes bonaerenses son permisivos con la toma de tierras, sino que, además sostuvo que muchas usurpaciones son producto de una criminal convivencia entre la política y el narcotráfico.
¿Otra vez estamos frente a un oportunismo discursivo o hay pruebas que corroboran una afirmación de semejante gravedad institucional? En ese caso, ¿no corresponde, amén de una denuncia judicial, la colaboración entre las autoridades nacionales y las provinciales, en vez de quedar en meras declaraciones?
El Estado y la sociedad requieren funcionarios y dirigentes con un alto sentido de la responsabilidad y una ética de la cooperación. Los discursos que apenas buscan señalar a los otros, por su signo político, como causantes de los hechos que nos conmocionan a diario no expresan esos atributos.
