La Argentina vuelve a exhibir dos caras muy distintas de su presente económico. Por un lado, el Gobierno celebra el repunte de los bonos soberanos y el entusiasmo de los mercados financieros.
Los inversores confían en la decisión oficial de honrar la deuda y sostener el equilibrio fiscal, lo que generó una nueva ola de compras y empujó nuevamente el riesgo país hacia el umbral de los 600 puntos. Esta dinámica refleja un orden macroeconómico que comienza a estabilizar expectativas, a la vez que permite al Ejecutivo mostrar señales de disciplina fiscal ante el mundo.
El reverso de esa postal muestra una dura realidad. El congelamiento del bono adicional para jubilados y pensionados desde marzo de 2024 instaló un deterioro significativo en los ingresos de quienes dependen de la mínima.
Los cálculos de Asap (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) muestran que los haberes perdieron 3,9% de poder adquisitivo en octubre y que, si se compara con la inflación de los últimos 12 meses, el retroceso llega a 17,2%.
Las pensiones no contributivas siguen un camino similar, con caídas en términos reales que afectan de manera directa a uno de los sectores más vulnerables del país.
El dato más alarmante surge al contrastar el haber mínimo total con el valor de la canasta básica total. Con una prestación que alcanza los $ 396.298 y una canasta ubicada en $ 392.815, la distancia se vuelve casi inexistente.
Los analistas destacan que si el bono permanece fijo, la erosión será mayor en los próximos meses. En consecuencia, el país podría reconocer oficialmente que un jubilado con la mínima ingrese en la categoría de “pobre”.
El efecto no recae únicamente en personas mayores. La microeconomía muestra señales preocupantes: comercios que reducen ventas, industrias que frenan producción, servicios que ajustan planteles y familias que reorganizan consumos básicos para sobrevivir.
Aunque hay sectores que han ganado dinamismo gracias a la apertura de nuevos mercados o la llegada de grandes inversiones, el freno de la actividad económica golpea a amplios sectores. La caída de partidas presupuestarias destinadas a la protección social profundiza esa brecha, mientras los equilibrios fiscales se utilizan para fortalecer el pago de la deuda.
La fotografía completa revela un país que avanza hacia un orden macroeconómico celebrado por los mercados, pero que aún no halla respuestas a ciudadanos que sostienen la vida cotidiana. La política económica no debe desentenderse de este contraste.
La estabilidad de los indicadores financieros carece de sentido si no se traduce en bienestar real para la población.
El propio Gobierno insiste en que el país necesita una reforma impositiva integral para consolidar un rumbo sostenible; sin embargo, esa discusión pierde fuerza cuando millones de jubilados observan que su ingreso retrocede frente a la inflación.
El desafío es claro: ningún plan económico resulta viable si expone a quienes menos tienen a una pérdida constante de su poder de compra.
Argentina ya conoce los efectos de abandonar a la clase media y de empujar a la pobreza a vastos sectores de la sociedad. Urgen medidas para evitar que la brecha entre ricos y pobres continúe ampliándose.
