Una pareja homosexual masculina proveniente de San Juan denunció haber sido discriminada en un hotel de La Falda. Había hecho una reserva, pero cuando dos varones se presentaron en la conserjería, acompañados de un menor al que presentaron como su hijo, les dijeron que la reserva no estaba registrada y que el lugar estaba lleno, de modo que tuvieron que retirarse. De inmediato, entendieron que eran discriminados por su orientación sexual y realizaron la denuncia correspondiente.
No es la primera vez que algo semejante ocurre en Córdoba o en otra provincia, y lamentablemente no será la última. Pero vale como ejemplo para reflexionar sobre lo difícil que se torna el reconocimiento social de ciertos derechos garantizados por el entramado jurídico del país, y lo necesario que se vuelve, por tanto, el sostenimiento de campañas de sensibilización pública que deslegitimen las conductas que van en contra de lo que establecen nuestras leyes.
Hace muchos años que un conjunto de leyes argentinas garantiza el derecho de las minorías sexuales, la identidad de género y el matrimonio igualitario. En consecuencia, discriminar a alguien por ser homosexual constituye un delito que se puede denunciar ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
A propósito, el Inadi llevó adelante este año la campaña “Verano sin discriminación”, que promovió “la comprensión de la actividad turística como un derecho social” y que tuvo como principal objetivo “concientizar sobre el respeto de las diferencias, prevenir actos discriminatorios y visibilizar derechos”. Por supuesto, uno de los puntos específicos de la campaña era prevenir prácticas discriminatorias homolesbotransfóbicas.
Desde esta perspectiva, hasta debiéramos señalar como una publicidad inapropiada que algunos hoteles, cabañas o complejos turísticos se promocionen como “gay friendly”, expresión de la lengua inglesa que se usa para indicar que el lugar se considera “amigable” para los homosexuales, o sea que recibirá con gusto a pasajeros de esa orientación sexual.
Es que esa alternativa sería viable si cada empresa turística tuviese la posibilidad de decidir si aceptará viajeros homosexuales o no. Pero nuestra legislación es taxativa: ninguna persona, argentina o extranjera, debe ser discriminada por su condición sexual. Y negarle alojamiento a alguien por su orientación sexual equivale a discriminarla.
Como hemos afirmado en otras ocasiones, no hay una orientación sexual que nos asegure que estamos frente a una buena persona. Heterosexuales, homosexuales, transexuales, todos por igual podemos ser buenas o malas personas, en términos morales o legales.
El proceso que concluye en cualquier acto discriminatorio tiene el mismo punto de partida: un prejuicio personal por el cual quien discrimina tiende a pensar que ese otro a quien margina, por el simple hecho de ser distinto en algún aspecto (orientación sexual, religión, raza, color de piel, etcétera), no es bueno y no es digno de acceder a las mismas cosas a las que accede uno.
El Estado, en todos sus niveles y con todas sus herramientas, debe esforzarse en educar a la sociedad para que no avale estas discriminaciones.
